SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a plantear un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional (TC) tras la resolución de caducidad sobre la concesión administrativa del Hotel Riu Oliva Beach, y con la que muestra su apoyo a los casi 400 trabajadores que componen su plantilla.
El diputado Fernando Enseñat, encargado de defender la propuesta, explicó que esta PNL pretende defender y apoyar a los trabajadores del Hotel Riu Oliva Beach y, por extensión, a los del Hotel Riu Palace Tres Islas, dos establecimientos "perseguidos y amenazados desde hace mucho tiempo por el Ministerio de Transición Ecológica".
Fernando Enseñat acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de continuar con su intención de derribar estos dos hoteles "sin respetar" el Estatuto de Autonomía de Canarias y "menospreciando" las competencias de Costas transferidas a la comunidad autónoma desde enero de 2023, amparándose en "la debilidad y en la incapacidad para gestionar los temas canarios y el engaño de cuatro años de gobierno del Pacto de las Flores".
Así pues, el diputado indicó que a través de esta PNL se solicita, por una parte, presentar "ya" el conflicto de competencias ante el TC "frente a un Gobierno de España que ningunea al Gobierno de Canarias"; y, por otra, mostrar una vez más el apoyo y el compromiso de la Cámara con los casi 80o trabajadores de ambos hoteles "tras seis largos años de lucha".
El diputado socialista Rafael Nogales, pese a apoyar la PNL, negó que el Ministerio de Transición Ecológica esté persiguiendo, amenazando o acosando a los trabajadores del Oliva Beach, y quiso recordar que el "auténtico problema" de este asunto ha sido, precisamente, las posibles irregularidades en las reformas realizadas en este hotel.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), lamentó que por parte de algunos partidos se abogue por agotar la vía del diálogo cuando los trabajadores o los empresarios están viendo "frustradas" sus expectativas económicas "ante la imposibilidad de una solución administrativa que no acaba de llegar y que siempre se judicializa".
Raúl Acosta quiso dejar claro que la comunidad autónoma solo está defendiendo su capacidad para ejercer una competencia a la que tiene derecho estatutariamente para conseguir "una solución adecuada a un problema que no se puede dilatar más".
La diputada Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, coincidió en que no se puede perder "más tiempo" y se debe plantear un conflicto de competencias ante el TC, aunque también se mostró a favor de alcanzar un acuerdo con las autoridades estatales "lo antes posible" porque la resolución a este conflicto sería "mucho más rápida".
La diputada de NC-BC Natalia Santana calificó la decisión del Ministerio de "abusiva y desproporcionada", haciendo un llamamiento al Ejecutivo para que agote todos los recursos que estén en su mano, acudiendo como primer paso a la comisión bilateral compuesta por el Ministerio de Política Territorial, que además dirige un ministro canario.
Desde el Grupo Vox, Paula Jover apoyó la propuesta del Partido Popular pero admitió que no tiene "la más mínima esperanza" en que se pueda llegar a un acuerdo en la comisión bilateral, por lo que mucho se teme que "acabaremos en el Tribunal Constitucional".
Por último, la diputada Jana González, del Grupo Nacionalista Canario, incidió en que esta proposición no de ley es toda una declaración de intenciones para apoyar a la plantilla del Oliva Beach porque el Gobierno de Canarias "no vacila cuando se trata de defender a nuestra gente", y se preguntó cómo el ministro Ángel Víctor Torres "puede cambiar tanto de opinión según el sillón que ocupe".
