SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha explicado este martes ante el pleno del Parlamento que el Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por las grandes superficies comerciales tiene como objetivo establecer una "compensación" para la sociedad por el coste que supone el desarrollo de la actividad de estos establecimientos en materia de infraestructuras, medio ambiente y ordenación del territorio.
Ramos ha contestado así a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre las repercusiones que tendrá este impuesto, y ha considerado que, si bien tendrá algún efecto sobre la cuenta de resultados de las empresas, también lo tendrá sobre el conjunto de la sociedad.
En cualquier caso, la consejera ha asegurado que la repercusión del impuesto siempre será "más reducida" que las que se derivan de los recortes generalizados en servicios públicos esenciales como las políticas activas de empleo o la subida del IVA en productos básicos, "con repercusión directa sobre la economías de familias y empresas".
Ramos ha recordado que el Gobierno central ha aplicado una "durísima" política de recortes generalizados en todas las áreas que ha dejado a las comunidades autónomas en una situación "muy complicada, al reducirles drásticamente la aportación estatal". Es el caso del importante recorte de la dotación presupuestaria para la gestión de las políticas de empleo, que se ha reducido en 170 millones de euros.
Sobre la legalidad de la aplicación de esta medida, la consejera de Empleo ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia, hecha pública el pasado 19 de junio, por la que declara constitucional el impuesto sobre las grandes superficies comerciales de Cataluña sobre el que el Gobierno de José María Aznar interpuso un recurso en 2001.
CATALUÑA
Según Ramos, el Parlamento catalán aprobó en el año 2000 un impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales en favor del comercio urbano, lo que supone un "respaldo" al impuesto implantado en el archipiélago desde el pasado 1 de julio.
La consejera ha explicado también que la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, por la que se regula el impuesto, establece reducciones en la cuota tributaria íntegra a algunos tipos de establecimientos, concretamente, a los dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales, a viveros para jardinería y cultivos, y aquellos cuya actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación.
SALAS DE EXPOSICIONES
En estos casos, la cuota tributaria íntegra se reduce un 50 por ciento, mientras que a los establecimientos dedicados a la venta exclusiva de vehículos automóviles, en salas de exposiciones de concesionarios y talleres de reparación se les aplica un 90 por ciento.
Margarita Ramos ha señalado, además, que la Ley establece también la posibilidad de acceder a una deducción de la cuota por inversiones relacionadas con la protección medioambiental.
"Se podrá deducir el 60 por ciento del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones que haya realizado la empresa durante el período impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible, situados o destinados dentro del ámbito territorial del impuesto, que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en Canarias", ha dicho la consejera.
