SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del proyecto de decreto por el que se crea y regula el Sistema Interno de Información de Infracciones Normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.
El proyecto de decreto tiene por objeto crear y regular el Sistema Interno de Información de Infracciones Normativas para dar efectividad a lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La implantación de este sistema constituye un mecanismo eficaz para se puedan detectar irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses públicos de la competencia de la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la colaboración de todas las personas empleadas públicas o aquellas que trabajen para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores.
En este sentido, el decreto ley se plantea como una oportunidad para impulsar la gestión del buen gobierno corporativo e integrar la cultura de la prevención en la dinámica cotidiana de esta administración, crear un clima de confianza y dotarla de una mayor transparencia, cercanía a la ciudadanía y eficacia en la prevención y sanción de conductas reprobables.
Accesible desde el portal web institucional del Gobierno de Canarias, el Portal de Transparencia y desde la Intranet corporativa, dispondrá de una plataforma tecnológica de gestión, para la recepción, registro, tramitación y seguimiento de las informaciones recibidas como cauce de comunicación adecuado para la recepción de información sobre hechos o conductas, recoge una nota del Gobierno.
Entre sus principios generales está la seguridad, confidencialidad e incluso el anonimato; la garantía de indemnidad y prohibición de represalia; el sometimiento de las actuaciones de verificación a la presunción de inocencia y al respeto al derecho al honor para las personas afectadas por las informaciones remitidas; el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal; la autonomía e independencia de todos los agentes intervinientes en el sistema, así como deber de sigilo y reserva respecto de toda información de la que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, incide en el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo que permita potenciar estrategias de sensibilización para la prevención de estas infracciones.
