Sede de Drago Canarias - DRAGO CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite los dos recursos de amparo electoral promovidos por la candidatura de Drago Canarias con relación al uso de las siglas UPC por parte de la confluencia Unidad del Pueblo Canario UPC formada por Nueva Canarias, Podemos, IU y Sumar.
En ambas providencias, suscritas por los magistrados Balaguer Callejón, Sáez Valcárcel y Arnaldo Alcubilla, la Sección acuerda la inadmisión a trámite por no apreciar formalmente la concurrencia de "especial trascendencia constitucional", señala Drago en una nota.
En este sentido, la formación reitera que existe una "apropiación ilegítima" de una coalición formada, principalmente, "por partidos con sede social en Madrid que se han apropiado públicamente, y así lo han dicho en medios de comunicación, de una marca nacional de Canarias que ha sido históricamente relevante por sus luchas y movimientos de izquierda, y eso lo hicieron a pesar de la oposición de las personas que han protagonizado esos mismos movimientos".
Asimismo, señala que la utilización de las siglas tan solo ha sido refrendada por los órganos jurisdiccionales sobre la base de que no se presentaba a estas elecciones en específico otro partido con las mismas siglas o denominación electoral, "algo que evidencia que no han tenido en consideración que habrá gente que vote a esas siglas pensando que son el movimiento canario de izquierdas histórico original".
Drago aclara, en todo caso, que la inadmisión dictada por el Tribunal Constitucional responde exclusivamente a un obstáculo procedimental de admisión previa "y no equivale en ningún caso a una desestimación de la tesis jurídica planteada por Drago Canarias y el partido legalmente inscrito Movimiento UPC".
En su opinión, "el Tribunal Constitucional no ha examinado el fondo del asunto ni ha entrado a valorar la existencia de usurpación de siglas o la distorsión de la voluntad de los electores en la papeleta".
En ese sentido apunta que la "especial trascendencia constitucional" constituye un requisito formal de admisibilidad independiente y autónomo de la existencia real de una lesión del derecho fundamental a la participación política --artículo 23 de la Constitución Española en relación con el artículo 46.4 de la LOREG--.
EL TRIBUNAL NO ANALIZA EL FONDO
"Las providencias del Tribunal Constitucional no convalida las resoluciones impugnadas ni niega la vulneración del derecho invocado", comenta.
Por tanto, detalla que las providencias "se limitan a dar por incumplido" el requisito del artículo 50.1.b de la LOTC (Ley Orgánica 2/1979) mediante una fórmula estandarizada y "omitieron detallar qué argumento concreto de los planteados en las demandas se considera insuficiente, dejando sin respuesta explicativa la justificación sobre la relevancia constitucional de impedir la apropiación de siglas vigentes en un proceso electoral".
Desde Drago Canarias se recuerda que la acción planteada al amparo del artículo 49.4 de la LOREG --que contó con el impulso y respaldo formal de la dirección y la Secretaría General de Movimiento UPC-- buscaba proteger el principio de transparencia electoral frente a la apropiación confesa del acrónimo UPC "por partidos estatalistas y su socio acólito".
La pretensión, apunta, "no era la anulación de candidaturas, sino una medida proporcionada, la retirada de las siglas de la papeleta para evitar inducir a error a la ciudadanía en la cita con las urnas".
