SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) exige responsabilidades políticas a los partidos con representación parlamentaria en la anterior Legislatura por "haber permitido" que el exdirector general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, "manejara el ente público sin control alguno, a pesar de las constantes quejas por su nefasta gestión durante ocho años".
El sindicato respeta la presunción de inocencia de García y del resto de personas imputadas por presunta malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, pero opina que el "Gobierno regional y los tres partidos que han permitido que García estuviera en el cargo ocho años deben asumir sus responsabilidades políticas".
El sindicato expone en una nota que miembros de CC, PSC y PP y del propio Ejecutivo canario "han hecho una clara dejación de sus funciones de control y, aunque algunos diputados sí lo hicieron, sus respectivos grupos o partidos no tomaron las medidas necesarias ante unos hechos de tal gravedad".
UPCC confía en que la justicia determine hasta dónde llegan las responsabilidades penales, pero opina que estos representantes públicos son "responsables desde el punto de vista político por haber permitido que García, de forma habitual, realizara los contratos con ese método irregular, es decir, que manejara el ente RTVC sin control alguno, independientemente de que finalmente sea o no declarado culpable de esos delitos que se le imputan".
Para el sindicato, "el primer responsable es el expresidente canario, Paulino Rivero", e incide en "cómo es posible que no se tomaran las medidas oportunas cuando un ente público como RTVC no enseñaba las cuentas al Parlamento".
Además, a pesar de su negativa, apunta el sindicato, "García estuvo ocho años en el cargo, con el apoyo de Rivero y de los consejeros responsables de Coalición Canaria y de sus socios, primero del PP y luego del PSOE, y lo que por ahora es sólo una clara dejación de funciones, ha causado un daño irreparable a los trabajadores del ente y a los ciudadanos".
DESPEDIDOS
En esa línea, señala que "mientras esto sucedía dentro y fuera de la Cámara y el dinero se gastaba sin aparente control, 41 empleados de Videoreport Canarias, la empresa encargada de los servicios informativos, sufragada con dinero público, fueron despedidos en 2012".
El motivo argumentado, indica, fue que la Televisión Canaria no tenía dinero, por lo que había que recortar la asignación a Videoreport.
Igualmente, UPCC indica que "no es creíble" que desde el Parlamento de Canarias "no se tomaran medidas contundentes ante la actitud de García, que faltó al respeto a los representantes de la ciudadanía y, lo que es más grave, ocultó sistemáticamente información de los contratos firmados y de los sueldos suyo y de los miembros del Consejo de Administración".
UPCC expresa su deseo de que el 'caso Willy' no se dilate en el tiempo y que las investigaciones permitan ir más allá de las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas.
Además, el sindicato felicita a la persona que denunció de forma anónima estas irregularidades y al Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife por haber desarrollado esta investigación tan intensa en solo unos meses.
