Imagen de las Jornadas de Abogacía Española en Logroño - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Abogacía Española reivindica el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) como elemento "clave" para "no olvidar" que los internos en los centros penitenciarios "también siguen teniendo derechos". Es una de los aspectos que se están abordando en las XXVIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que este jueves y viernes se desarrollan en Logroño.
Un encuentro en el especialistas en Derecho Penitenciario, representantes institucionales y profesionales de la abogacía de toda España analizan algunos de los puntos de los principales desafíos del sistema penitenciario.
Organizadas por Abogacía Española, estas jornadas ponen sobre la mesa cuestiones como la evolución de las políticas penales, los mecanismos de prevención de la tortura, los programas de reinserción social o las dificultades que plantea la brecha digital para las personas privadas de libertad.
La inauguración oficial del encuentro ha tenido lugar esta mañana, en Bodegas Franco-Españolas, con la participación, entre otros, de Encarna Orduna, secretaria general de Abogacía Española; Federico Bravo, decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja; David Rocamora, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de Abogacía Española; y Marga Cerro, vicesecretaria general de Abogacía Española.
Con el lema 'Derecho en prisión: compromiso y acción', las jornadas abordan una realidad penitenciaria que exige una mirada que vaya más allá del cumplimiento penal, un ámbito en el que los SOAJP desempeñan una función "esencial", ya que su labor permite acercar la Abogacía a los centros penitenciarios y ofrecer asesoramiento especializado a las personas reclusas para que puedan ejercer sus derechos y acceder a los mecanismos legales de protección.
De ahí la reivindicación, como ha señalado a los medios de comunicación Esther López, decana del Colegio de Abogados de San Feliú de Llobregat y vicepresidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, para que todos los centros penitenciarios del país cuenten con este servicio. "Es nuestra obsesión, que cada vez se abran más servicios de orientación jurídica en todos los centros", ha insistido.
Porque, en palabras del decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja, Federico Bravo, "supone una reivindicación de todos los servicios de orientación jurídica penitenciaria de todos los Colegios de Abogacía", ya que se trata de un servicio "que lleva a los internos en los centros penitenciarios no solo la defensa de sus derechos, sino en muchas otras ocasiones cuestiones básicas, administrativas, como renovar un DNI, que son aspectos esenciales en nuestra vida cotidiana pero que dentro de un centro penitenciario es muy difícil cumplir".
Y es que este servicio "tiene esa labor social que incluso en muchas ocasiones por parte de las administraciones se olvida, siempre parece que reconocer derechos a los reclusos es algo que se olvida, pero es esencial recordar también que, como Estado social y democrático de derecho, tenemos que llevar esos derechos a todos nuestros ciudadanos". "Y los internos en un centro penitenciario también tienen derechos", ha recalcado Bravo.
Por todo ello, como ha apuntado la secretaria general de Abogacía Española, Encarna Orduna, son importantes aspectos como los que se van a a tratar en las jornadas, que contemplan desde la brecha digital, "no puede ser que cuando los internos salen, tengan grandes diferencias tecnológicas"; los fallecimientos dentro de prisión; o las mujeres, "muchas veces olvidadas en prisión".
En este marco, los servicios jurídicos penitenciarios son esenciales, "porque lo que no puede ser es que una prisión sea invisible a ojos de terceros, estos abogados entran, tienen contacto con los internos, y eso permite escucharles, saber sus necesidades, revisar expedientes, plantear recursos, acumulaciones de condena, que también es muy importante, y en definitiva, prestarles ese asesoramiento jurídico". "Y no olvidarlos, que es lo más importante de todo", ha subrayado.
BRECHA DE GÉNERO Y TORTURAS.
Aspectos destacados igualmente en las jornadas van a ser la situación de las mujeres reclusas, un pequeño porcentaje respecto al 93% de internos hombres, pero que tienen una serie de peculiaridades, que pasan por ámbitos como las necesidades médicas -revisiones ginecológicas, por ejemplo- o porque muchas de ellas tienen hijos.
Un tratamiento que encuentra su sustento en las Reglas de Bangkok, una serie de 70 normas internacionales aprobadas en 2010 por la Asamblea General de la ONU "para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes", cuya evolución se va a abordar a lo largo del encuentro "para ver cómo está la situación y en qué se puede ayudar a mejorar".
También se va a abordar la situación de la tortura en los centros penitenciarios, un tema que en España no preocupa en estos momentos, porque "quizá hace años hablábamos de otra cosa", pero "cada vez las se va mejorando", con intervención incluso de instituciones externas "que se preocupan de ver si efectivamente todavía hay situaciones que hay que denunciar".
Situaciones, ha señalado, como por ejemplo, "un aislamiento en condiciones que no son las normales", "todo trato inhumano" en general, y, en especial, en el caso de las mujeres, que son "muy vulnerables" en este entorno y "que necesitan que se las trate no desigualmente, sino con las necesidades específicas de la mujer, salvando la arquitectura que se ha hecho en las cárceles mayoritariamente masculinas".
López ha señalado igualmente otros retos en el 'debe' en el campo jurídico penitenciario, como todo lo relacionado con la parte tecnológica, citando específicamente el caso de la 'calculadora' relacionada con la acumulación de condenas, un proceso "farragoso" sin la ayuda de la tecnología "y a la que aún no tenemos acceso, quiero pensar que porque es muy nueva y que va a ser cuestión de tiempo".
"El penitenciario es el gran olvidado en el derecho, parece que una vez se condena a la persona ya no existe nada más detrás. Pero las personas privadas de libertad también tienen derechos y también hay que respetarlos. De ahí que nuestra preocupación más importante es que todos los centros penitenciarios tengan un servicio de orientación jurídica penitenciaria", ha concluido Esther López..