Los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes podrán financiar el derribo de edificios hasta el 90%

   LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de La Rioja financiará entre el 75 y el noventa por ciento del coste del derribo de edificios municipales en ruina en las localidades de hasta 5.000 habitantes, tal y como ha informado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

   El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy, día 16, a la nueva línea de subvenciones a municipios para financiar el derribo de inmuebles de propiedad municipal que se encuentren en estado de ruina.

   La Orden se publicará mañana miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y en los próximos días lo hará la resolución de convocatoria.

   Se trata de una medida cuyo objetivo es garantizar la seguridad y salubridad de los solares de propiedad municipal y ponerlos a disposición para la prestación de servicios básicos de competencia municipal.

   A la hora de determinar los porcentajes máximos de subvención se ha tenido en cuenta una discriminación positiva cuanto más pequeño es el municipio.

   Así, se subvencionará el 90 por ciento del presupuesto del derribo en los municipios de población igual o inferior a 500 habitantes, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros; el 85 por ciento cuando la población oscile entre los 501 y los 2.000 habitantes, hasta una cuantía máxima de 45.000 euros; y el 75 por ciento en las localidades de entre 2.001 y 5.000 habitantes, hasta una cuantía máxima de 40.000 euros.

   Serán objeto de subvención los gastos por honorarios de redacción del proyecto, dirección de obra, y seguridad y salud, con el límite de gastos por honorarios del 8 por ciento del presupuesto de ejecución material más IVA.

   El plazo para la presentación de solicitudes, que se realizarán a través del Registro electrónico de la Comunidad, comenzará con la publicación de la convocatoria en el BOR y se extenderá durante dos meses. Por su parte, las actuaciones deberán quedar justificadas el 30 de octubre de 2026.

   El Gobierno riojano ha destacado que los edificios en ruina no sólo suponen un peligro desde el punto de vista de la seguridad y la salubridad públicas, sino que además limitan la capacidad de los ayuntamientos de disponer suelo para impulsar nuevos servicios.