LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Antonino Burgos, indicó hoy que la Ley de Transporte Interurbano de La Rioja es una iniciativa que pretende la "modernización de nuestro transporte basándonos en la confianza en los profesionales actuales, en la participación de los usuarios, en los retos futuros de la Comunidad Autónoma de La Rioja como es el turismo y el desarrollo rural y, sobre todo, para lograr una mayor seguridad, comodidad, variedad y servicio al ciudadano que haga que el transporte público sea una alternativa real al transporte privado".
Burgos realizó esta explicación de la Ley antes de la reunión que mantuvo con las empresas de transporte de viajeros, la Federación Riojana de Municipios y el Ayuntamiento de Logroño, para exponerles los objetivos y novedades de la misma.
El titular de Transportes, que prevé que la Ley "entre en el Parlamento" para antes de la finalización del periodo de sesiones, en junio, destacó de, entre las novedades de la Ley, la puesta en marcha del transporte turístico y el transporte a la demanda. Éste último aspecto para zonas con baja densidad de transporte, por lo que será el propio ciudadano, el que a través del móvil solicite el transporte urbano.
Resaltó la inclusión en la planificación de los Planes de Movilidad que tengan en cuenta el conjunto de medios de transporte (a pie) y las infraestructuras, así como la creación del Consejo Autonómico de Transportes de La Rioja como órgano de debate y consulta en esta materia.
Burgos destacó que además se regula el transporte mediante concesión zonal como alternativa válida para las zonas de baja densidad de población. También se establecen los plazos concesionales en la Comunidad Autónoma de La Rioja como mínimo de 10 años y máximo de 25, plazos que van a permitir amortizar inversiones incluso en líneas deficitarias.
De entre las novedades, el titular de Transportes también señaló la posibilidad a la utilización en las zonas de baja densidad de población de los transportes especiales por público general con el transporte escolar con las debidas garantías y la inclusión como preferentes los derechos de los usuarios y su participación en los procesos de regulación del sector.
En el capítulo de novedades también citó que se establecen criterios para la modernización del transporte, mediante la adaptación de vehículos para discapacitados y la implantación de las nuevas tecnologías y también la posibilidad de consolidación de las líneas actuales como forma de dar estabilidad y confianza a que los cambios que la ley propone puedan ser realizados por los actuales concesionarios, como "reconocimiento a su profesionalidad y capacidad demostrada en los últimos años.
Burgos indicó que los objetivos de la Ley pasan por "modernizar instalaciones y vehículos; garantizar más y mejores servicios en las zonas rurales y ámbitos metropolitanos; potenciar la planificación e intermodalidad; y garantizar los derechos de los usuarios, la accesibilidad a discapacitados y la implantación de nuevas tecnologías".
