LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha reclamado explicaciones al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ante la modificación "improvisada y no justificada" del Decreto 3/2010 por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección Técnica Educativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que Garrido se ha referido a la situación de la Inspección Educativa, a raiz de la modificación de los requisitos para ser jefe de la Inspección Educativa, que elimina la experiencia mínima de cuatro años como inspector educativo para ocupar este cargo.
Garrido ha apuntado que dicha modificación "no aparece en el plan normativo de la Comunidad; precipitada, no constaba en la relación de normas en tramitación; ocultada, no se informó de su aprobación tras la reunión del Consejo de Gobierno; del Decreto que regula la Inspección Técnica Educativa en nuestra Comunidad".
"Una modificación realizada por el Ejecutivo de Andreu con total falta de transparencia y con opacidad. No hay mayor atentado a los servicios públicos que la falta de transparencia. Sin transparencia jamás podremos hablar de calidad de los servicios públicos, máxime cuando se trata de una institución cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes; garantizar los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje; así como contribuir a la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza", ha añadido.
"Una modificación publicada a finales de julio, una fecha nada casual elegida con la intención de que pase desapercibida", ha apuntado.
"La única modificación consistió en suprimir el requisito de contar con una experiencia mínima de cuatro años en el ejercicio de la inspección educativa para poder ser designado como jefe de este servicio", ha explicado. Un requisito, que para el Portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional "permitía asegurar la buena marcha de la institución ya que garantizaba el conocimiento de su funcionamiento".
Garrido ha subrayado que "lo más razonable es que el Decreto que regula la inspección educativa defina algún criterio objetivo para designar a quien tiene que estar al frente de dicha institución, algo que no ocurre en este caso. Nunca la flexibilidad puede confundirse con la arbitrariedad", ha resaltado.
Del mismo modo, ha agradecido expresamente a los inspectores de educación de la Comunidad Autónoma la magnífica labor que realizan y ha alabado su profesionalidad.
