IU apuesta por el alquiler forzoso - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del Partido Popular (con mayoría absoluta) y Vox se han mostrado hoy en contra de una moción del Grupo Parlamentario Podemos-IU que buscaba que la Cámara riojana pidiera al Congreso de los Diputados que valide el Decreto de Medidas en Vivienda.
La Cámara Baja debe validar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, negociado entre PSOE y Sumar, que incluye medidas como la prórroga extraordinaria, y automática, durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027.
Ante esta situación, Izquierda Unida ha llevado hoy al pleno del Parlamento de La Rioja una moción, consecuencia de interpelación, para pedir a los diputados el voto a favor a este decreto; así como otras medidas tales como un canon a la vivienda desocupada, declarar las Zonas Tensionadas, el alquiler forzoso de la vivienda desocupada y garantizar la publicidad y la concurrencia pública real en la vivienda de protección así como establecer su calificación de manera indefinida.
La vivienda "es el problema capital de la población riojana", ha dicho la portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, defendiendo esta moción que sólo ha recibido comentarios favorables del Grupo Socialista.
La diputada de IU ha señalado que el precio de la venta en Logroño alcanzó los 2.063 metros cuadrados en febrero del 2026 y eso, ha dicho, "tiene poco que ver con la vivienda, tiene más que ver con el turismo y la utilización especulativa" de la misma.
Ha recordado a los 'populares' que no tuvieron "ningún pudor en rescatar a la banca" y les ha preguntado "por qué no rescatan a los ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a la vivienda; por qué no aplican políticas para que la vivienda sea un derecho y no sea un bien de especulación".
Para pedir el apoyo, desde La Rioja, al decreto que deben votar en el Congreso de los Diputados ha contado el caso una persona que lleva 21 años pagando el alquiler de su vivienda, de cuatrocientos euros, y le quieren restringir el contrato para subirlo a 750.
"No compartimos ni el enfoque ni las soluciones que aquí se plantean. Señorías, el problema de la vivienda no es un problema de falta de intervención, sino de falta de oferta. Lo hemos hablado muchas veces en esta Cámara", le ha clamado en respuesta el 'popular' Diego Bengoa.
Ha argumentado que "las políticas basadas en limitar precios, forzar prórrogas de contratos o intervenir en el mercado del alquiler no están resolviendo el problema; al contrario, están generando efectos indeseados, menos oferta disponible, mayor inseguridad jurídica y un incremento de la desconfianza entre propietarios e inquilinos".
A su juicio, la solución pasa por "facilitar la construcción de viviendas, movilizar suelo, agilizar trámites y generar un marco estable que dé confianza a todos los actores implicados".
En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Vox Héctor Alacid, que ha visto cómo, desde IU, "siguen empeñados en negar una realidad básica, si no hay vivienda suficiente los precios suben".
A su juicio, "limitar los precios no abarata el mercado, lo contrae"; y el alquiler forzoso "es un ataque a la propiedad privada". "Sin respeto a la propiedad privada no hay política de vivienda posible", ha resaltado.
Ha propuesto construir más, facilitar suelo y colaborar con el sector privado; eliminar trabas y burocracia, bajar impuestos y garantizar seguridad frente a impagos y ocupaciones ilegales, así como defender el acceso prioritario a españoles.
El socialista Sergio Martinez Astola, por su parte, ha visto que "en un momento de incertidumbre" como el actual "la política debe estar del lado de la ciudadanía" con cuestiones como "garantizar el derecho a la vivienda digna".
Ha visto cómo este real decreto, en vigor desde que se aprobó en el Consejo de Ministros y que debe validar el Congreso de los Diputados, es "importante para aliviar la carga económica" que supone la vivienda.
Para el PSOE, ha visto, esta moción (que implica instar al Congreso, que es quien debe validar el decreto) era "una oportunidad para que el Parlamento de La Rioja se situe en el lado correcto".