El PSOE pedirá los ayuntamientos y Parlamento regional que las entidades bancarias asuman las plusvalías de desahuciados

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja pedirá en los ayuntamientos riojanos y en el Parlamento regional que las administraciones insten a las entidades bancarias a asumir las plusvalías de las personas desahuciadas, como ha avanzado este viernes el secretario de Economía y Empleo de los socialistas riojanos, Vicente Urquía.

En rueda de prensa, Urquía ha planteado esta propuesta ante "una situación profundamente injusta, la gota que colma el vaso para muchas familias que no tienen dinero, que ven cómo pierden su casa y que, encima, les llega un recibo de 100 ó 200 euros, lo que sea". "No es un problema económico, es de justicia", ha dicho.

Ha recordado que el impuesto de plusvalías "supone la valoración de una casa con el transcurso de los años, y que, a la hora de venderla, se hace cargo de su liquidación quien está vendiendo la vivienda, y lo que ocurre es que se está girando este pago a personas que están perdiendo su casa".

Aunque ha reconocido que "legalmente no se puede cambiar", ya que es una obligación que aplican ayuntamientos y comunidades autónomas, ha mostrado su esperanza en que "reclamando a las entidades financieras, éstas, en virtud de un código de buenas prácticas, asuman de forma voluntaria este pago".

Por otro lado, Urquía se ha hecho eco de la Proposición de Ley contra el Desahucio, presentada la semana pasada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, en la que se persigue, como objetivo fundamental "que el ciudadano no pierda su vivienda".

Esta situación se lograría mediante una "renegociación de la hipoteca", de manera que se le apliquen "las mismas condiciones flexibles que tiene un empresario, un comerciante o un autónomo para pagar una deuda y salvar su negocio". "Se trata de entender la vivienda como derecho constitucional", ha afirmado.

DACIÓN DE PAGO.

Por eso, ha subrayado que sería "una fórmula que va más allá de la dación en pago, que sólo sería una solución económica, mientras que seguiría quedando el problema de la vivienda".

Se evitaría "el hecho traumático para la gente que es abandonar la vivienda que quiso comprar y en la que ha invertido una parte de su vida", mientras que ha recalcado que "se favorecería la cultura del acuerdo y se favorecería la negociación".

Esta Ley supondría cambios en cinco normas actuales: la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Regulación del Mercado Hipotecario, la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios. Con todo ello, a juicio de Urquía "se daría solución al problema ahora y en el futuro".

La propuesta comprende tres títulos: en uno, se aborda que las entidades intervenidas por el Estado, "lo que, en La Rioja afectaría a Bankia", sea obligatorio un código de buenas prácticas; otro plantea para estos casos procedimientos extrajudiciales "similares a la conciliación previa laboral"; y el tercero prevé una tasación justa de las viviendas o la regulación de las subastas.

Urquía ha señalado que, desde 2007, unas 1.200 familias se han visto desalojadas de sus viviendas "y va a ir a peor, tratamos con esto de dar el mismo trato que recibe una sociedad o comerciante individual al deudor persona natural que ha derivado en la insolvencia no dolosa de un modo imprevisto, sin condenarle a la exclusión social".