Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en planificación y control del ahorro energético en edificios públicos riojanos

LOGROÑO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la planificación y el control del ahorro energético en edificios públicos de La Rioja, así como en la Región de Murcia. De hecho, este organismo ha aprobado el Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para la mejora del ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos entre enero de 2022 y marzo de 2024.

La fiscalización examina la planificación, ejecución y seguimiento de estas actuaciones en un contexto marcado por los compromisos europeos en materia de sostenibilidad energética y el impulso del Plan +SE (Plan Más Seguridad Energética), aprobado por el Gobierno en octubre de 2022.

Una de las conclusiones principales del informe es que el cumplimiento por parte de ambas comunidades de la obligación de elaborar un plan de eficiencia energética "fue meramente formal". Aunque La Rioja y la Región de Murcia remitieron sendos planes al Ministerio para la Transición Ecológica, "ninguno de ellos fue aprobado oficialmente ni ejecutado en su integridad". Además, "carecían de elementos esenciales como un diagnóstico de partida, objetivos cuantificables, indicadores de seguimiento o definición clara de los órganos responsables y de la financiación prevista".

Pese a ello, el informe constata que ambas comunidades "realizaron numerosas actuaciones para mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, muchas de ellas cofinanciadas con fondos europeos, principalmente el FEDER 2014-2020, el FEDER 2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

En concreto, La Rioja destinó a este cometido 37 millones de euros mediante 197 contratos, mientras que Murcia alcanzó una inversión de 74 millones de euros a través de 709 contratos.

El Tribunal de Cuentas subraya que las actuaciones llevadas a cabo "no respondieron a una estrategia global y carecieron de una coordinación suficiente". En ambas comunidades el informe detecta "ausencia de un control centralizado y periódico del consumo energético de los edificios públicos, lo que imposibilita medir la eficacia real de las medidas aplicadas".

Entre otras recomendaciones, el Tribunal propone a ambas comunidades "la centralización del control energético, la mejora del inventario de edificios públicos y el uso de acuerdos marco para la contratación relacionada con la eficiencia energética".