LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal solicita un año y ocho meses de prisión para dos personas, encargado de obra y de seguridad de dos empresas de construcción, por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia con pérdida de miembro principal, como responsables de la amputación de un dedo por parte de un trabajador de la obra.
El juicio por este caso está previsto que se celebre el día 14 de junio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño. Según el escrito de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados R.R.F. y M.R.V., eran encargado de obra y coordinador de seguridad, respectivamente, de una obra en la que trabajaba la víctima en Ezcaray.
Los hechos se produjeron el 25 de abril de 2002, en la citada localidad, cuando la víctima trabajaba en una obra de edificación, realizando una estructura de hormigón. Se encontraba utilizando la sierra de corte de madera de disco o cuchilla circular, cuando su mano derecha contactó con la cuchilla. Producto de ello sufrió la amputación de segundo dedo de la mano derecha a nivel de primera falange y heridas en pulpejo del primer dedo de mano derecha.
Según el escrito del fiscal, en fechas anteriores al accidente no se elaboró el preceptivo plan de seguridad; no había evaluación inicial de riesgos laborales; no se había designado a un trabajador para labores preventivas o contratado la materia con una empresa especializada ni se había informado al trabajador accidentado de los riesgos de su puesto de trabajo. Expresa que "hay una gran probabilidad de que si se hubieses hecho lo anterior el accidente no habría ocurrido".
Señala que el encargado de obra y "responsable de que no se hubiese hecho lo anteriormente señalado" era uno de los acusados, R.R.F., empresa de estructuras donde trabajaba la víctima. También extiende la acusación a la promotora, y concretamente al coordinador de seguridad de la misma, M.R., que "tampoco se preocupó". Explica que la documentación precisa que "estaban obligados a aprobar antes del inicio de la contrata, los estudios previos de seguridad que no se habían hecho".
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores por el que pide 8 meses de cárcel y 2.100 euros de multa, y otro delito de lesiones por imprudencia con pérdida de miembro principal, un año de cárcel. También reclama 50.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.
