LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones de Industria de UGT y CCOO en La Roja alcanzaron, en el día de ayer, un preacuerdo para el Convenio Colectivo Agropecuario de la región para los años 2023-2025, cuya vigencia finalizó hace ya diez años, en 2013.
En nota de prensa, ambos sindicatos señalaron cómo han conseguido acordar incrementos salariales de un cuatro por ciento para el año 2023; y un tres por ciento para los años 2024 y 2025.
Además, han indicado, el convenio contiene una cláusula de revisión salarial que contempla que, si la suma del IPC durante los años 2023 a 2025 supera el incremento salarial previsto para ese periodo, se aplicará la revisión salarial a fecha 1 de enero de 2026, que será la diferencia con el incremento previsto hasta un máximo de un tres por ciento.
En materia de jornada laboral, se han acordado 1.779 horas para el año 2024 y 1.768 horas para el año 2025, lo que supone una reducción total de 23 horas.
Con relación al alojamiento, se ha regulado el artículo 24 del convenio, por lo que el agricultor empleador continúa estando obligado a proporcionar alojamiento al trabajador temporero, siempre y cuando este tenga su lugar de residencia a más de 80km de la localidad de trabajo.
Además, se abre la posibilidad de que si la persona trabajadora acredita tener un alojamiento por su cuenta mediante un documento firmado, el empleador le podrá costear el importe del mismo.
Por otra parte, desaparece de este convenio la limitación de 150 días de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional o accidente de trabajo para complementar la prestación.
Además, la antigüedad se consolidará en el porcentaje que tenga cada persona trabajadora siempre y cuando a la fecha de firma esté por encima del 28 por ciento, quedando limitada la misma en 22 años en un 28 por ciento.
De esta forma, UGT y CCOO aseguran que han actuado "de forma responsable alcanzando un preacuerdo en el convenio colectivo Agropecuario de La Rioja", ya que "lo más importante en estos momentos", para estos sindicatos, "era actualizar un convenio colectivo bloqueado desde el año 2013 y garantizar con ello un futuro de derechos y salarios para los trabajadores y trabajadoras del sector".