El Gobierno municipal dice que las escuelas del Ayuntamiento mejoran los niveles mínimos de calidad en los espacios mientras que el PSOE defiende que la educación "no puede ser un negocio"
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las 22 escuelas infantiles de gestión indirecta de la ciudad de Madrid incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local crearán "al menos" 393 puestos directos de trabajo en las diferentes categorías, desde directores de escuela, educadores, cocineros y personal de limpieza, explicó hoy la directora general de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid, Marta Cañelles, en la comisión ordinaria de Familia y Servicios Sociales hoy celebrada.
Éste es el número mínimo de trabajadores del que deben disponer las nuevas escuelas para su correcto funcionamiento, con una media de 18 puestos por centro, detalló. Pero el número de puestos de trabajo se verá incrementado hasta alcanzar los 602, ya que a la veintena incluidas en el Fondo Estatal hay que sumar la apertura de once nuevas escuelas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. De este modo, la ciudad contará con 4.872 nuevas plazas, distribuidas en 334 aulas.
Cañelles detalló que el coste inicial del equipamiento de las nuevas escuelas infantiles financiadas por las arcas municipales, no por el Fondo Estatal, es de 4,4 millones de euros, a los que hay que añadir los gastos de gestión, que sólo para el presente ejercicio se incrementará en 1,05 millones de euros. Todas ellas, tanto las financiadas por el Consistorio como las incluidas en el Fondo Estatal, pertenecerán a la red pública de la Comunidad de Madrid.
De este modo, la responsable municipal de Educación y Juventud aseveró que los datos aportados reflejan "la preocupación que existe en el Ayuntamiento de Madrid por las escuelas infantiles y el gran esfuerzo presupuestario que se está realizando", con el objetivo de aportar su granito de arena en la conciliación familiar y en la compensación de desigualdades.
Todo ello después de que la portavoz socialista de Educación, Ana de Sande, criticara el nuevo pliego de condiciones aplicables a los concursos a los que se presentarán 13 escuelas municipales de titularidad indirecta el próximo mes de agosto, un pliego que recoge las condiciones incluidas en el Decreto de Mínimos para la Educación Infantil aprobado el verano pasado por la Comunidad de Madrid.
PRIMACÍA ECONÓMICA
"Tememos que se va a dar más valor a las cuestiones puramente economiscistas que a los proyectos educativos en estos concursos, lo que supondrá un menor número de profesionales, personal menos cualificado y con menos salario, cuando la educación no debe ser ni un negocio ni una mercancía", declaró De Sande después de criticar que con el Decreto de Mínimos "se abre un mercado a costa de los derechos de los niños" y la puerta a la "inseguridad laboral" de los actuales trabajadores de las escuelas que pasarán por el proceso concursal en agosto.
En este sentido, Marta Cañelles recordó sobre la situación de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en las escuelas en las que se va a convocar una nueva licitación que "no dependen laboralmente de la Administración, sino de las propias empresas adjudicatarias", como corresponde en un régimen de gestión indirecta.
Sobre las críticas de la edil socialista al Decreto de Mínimos, Marta Cañelles aseveró que el Ayuntamiento de Madrid, "dentro del respeto a la normativa dictada por la Comunidad", trata de mejorar los niveles mínimos de calidad exigidos en materia de espacio, por ejemplo, garantizando una superficie por niño superior a la mínima exigible y estableciendo un servicio de cocina.
En cuanto a las ratios de alumnos establecidas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que amplía las actuales, son "las fijadas por el Ministerio de Educación y que todas las comunidades autónomas las aplican al día de hoy", especificó Cañelles.
En este sentido recordó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Getafe, en la que manifiesta que el aumento de ratio "no supone ni afecta a la calidad del servicio público que se presta, ni afecta tampoco a las condiciones de trabajo de los trabajadores de las escuelas infantiles públicas".
