"Para incrementar la actividad económica hay que liberalizar", defiende Botella
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid estima que el 85 por ciento de los negocios podrán abrir en la capital con sólo presentar una declaración responsable en el registro municipal en virtud de la ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas que, en palabras de la alcaldesa, Ana Botella, conllevará "menos trámites, menos documentación, más agilidad y más simplificación".
Se trata, como ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, de materializar el convencimiento político de que, "para incrementar la actividad económica, hay que liberalizar".
De la mano del proyecto inicial de esta ordenanza, que entraría en vigor previsiblemente en el primer trimestre de 2014, se pasa de cinco procedimientos a dos, la declaración responsable, con carácter general, y la licencia.
Este último caso se reserva a los supuestos que tengan una consideración especial por razones de seguridad, por su incidencia en el medio ambiente o que requieran contar con un proyecto técnico de obras de acuerdo con la Ley de Ordenación de Edificios.
Será el caso, por ejemplo, de residencias de mayores, ancianos, colegios, guarderías u hospitales. También de los bares, regidos por la Ley de Espectáculos Públicos (LEPAR). Asimismo, la alcaldesa ha puntualizado que el plazo de resolución de las licencias se reducirá pasando de tres a dos meses con la supresión de pasos administrativos previos.
De este modo, una oficina, una óptica, una farmacia, un gimnasio o una consulta médica sin hospitalización --siempre que no se realicen obras de gran entidad ni se trate de inmuebles protegidos-- podrán abrir con sólo presentar una declaración responsable de que cumple la ley, el proyecto técnico y la liquidación de los tributos correspondientes.
También podrán optar por la declaración responsables los comercios que quieran cambiar de actividad, por ejemplo, una zapatería que pase a ser relojería.
CONTROL A POSTERIORI
El control administrativo se realizará a posteriori, cuando ya se esté desarrollando la actividad económica. Los técnicos municipales podrán encontrarse entonces con tres escenarios. En el primero todo sería correcto frente al segundo, en el que se detectara que "se ha mentido" en la declaración responsable, como ha expuesto el delegado de Seguridad, Enrique Núñez, que podría derivar en una orden de cese de la actividad.
Un tercer supuesto estaría protagonizado por "pegas no sustanciales" instando al particular a adaptarse a la norma en plazo de un mes. También ha destacado que las inspecciones que se acometerán "con mayor prontitud" serán las de locales de más de 150 metros.
Además, se permitirá al emprendedor optar libremente entre gestionar su solicitud directamente ante el Ayuntamiento o acudir a una entidad colaboradora urbanística (ECLU). Eliminar los intermediarios supondrá un ahorro para el bolsillo del ciudadano.
La primera edil ha destacado que la nueva ordenanza viene a sustituir la actual, que establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA), al tiempo que da cumplimiento a los últimos cambios legislativos y "se ajusta a las actuales circunstancias económicas, comerciales y sociales".
