El 1 de abril entra en marcha la última fase del sistema municipal de licencias, enturbiado por la sentencia del TSJM

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de abril entrará en marcha la última fase del sistema de licencias del Ayuntamiento de la capital --destinado a las de mayor calado, las que requieren de proyecto técnico-- en un momento marcado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula 57 artículos de la Ordenanza.

La norma fue aprobada por el Pleno de la Casa de la Villa el 29 de junio de 2009 con el rechazo frontal de la oposición. De hecho, PSOE e IU presentaron sendas enmiendas a la totalidad mientras que advertían de un posible torrente de contenciosos en los tribunales.

El primero en fallarse ha tardado un año y ocho meses. Ha sido el interpuesto por la Asociación de Empresarios de Espectáculos de Salas de Fiestas, Discotecas y Ocio y ha conseguido que la sección 2ª de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM ha decidido anular 57 artículos de la Ordenanza.

La sentencia concluye que "procede declarar la nulidad de (varios) artículos en atención a que hacen referencia a las Entidades Colaboradoras (ECLU) en la gestión de licencias urbanísticas, cuya creación no es competencia del Ayuntamiento y no tiene cobertura legal suficiente".

Entre los artículos anulados se cuentan los relativos a estas ECLUs, al sistema de acreditaciones, a las autorizaciones administrativas, a los procedimientos de concesión de licencia de actividades, a la supervisión y a los periodos transitorios, entre otras materias.

RECURRIRÁN LA SENTENCIA

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantaba días atrás que recurrirán la sentencia del TSJM y añadía que la ordenanza debe continuar aplicándose "con normalidad" hasta que haya una decisión definitiva del Alto Tribunal.

De este modo, el 1 de abril entrara en marcha la última fase del nuevo modelo de concesión, destinado a solicitudes de licencias que requieran proyecto técnico para definir, aprobar y ejecutar las obras precisas para la implantación, modificación o cambio de actividad por el Procedimiento Ordinario Común y Abreviado.

Por otro lado, Gallardón consideraba que la legislación que el TSJM ha utilizado como base para anular la ordenanza de Licencias de la capital ha sido modificada por la nueva Ley de Economía Sostenible que, a su juicio, "llega muchísimo más lejos" que la normativa municipal al restringir la necesidad de licencias de actividad.

Esta ley estatal, que "llega muchísimo más lejos que la ordenanza", incluye la "restricción de la posibilidad de exigir licencias a actividades a las actividades en que concurran razones imperiosas de interés general vinculadas con la protección de la salud, la seguridad pública, el medio ambiente o el patrimonio histórico".

"Es decir, que sólo cuando haya protección de la salud o de la seguridad pública, del medio ambiente o del patrimonio histórico se podrá exigir licencia, quedando restringidas a estos criterios", ha señalado el primer edil, para quien esto es "un paso absolutamente novedoso en la legislación española". Fruto de esta normativa, "la ordenanza municipal se queda corta con el mandato que le exige el legislador", añadió.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la número dos en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Ruth Porta, afirmó que la sentencia confirma lo "ilegal" de un sistema creado "para tapar el caso Guateque". A eso unió que el Tribunal recuerda a Gallardón "que puede ser alcalde de Madrid pero en sí mismo no es el Parlamento de España, por lo que no puede aprobar leyes por su cuenta".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, defendió a su vez que la externalización no es más que "una dejación de funciones por parte de la Administración" y que con el sistema privado "los únicos que ganan son las empresas privadas ya que los ciudadanos pierden".

Por otro lado, los últimos datos aportados por el Ayuntamiento, con fecha del pasado febrero, detallan que la Agencia de Gestión de Licencias del Ayuntamiento de Madrid ha tramitado desde que se pusiera en marcha, en abril de 2010, y hasta diciembre, 122 consultas urbanísticas y 3.698 transmisiones de licencias.

Hasta el pasado 31 de diciembre las 27 entidades colaboradoras autorizadas han emitido 1.581 certificados de conformidad, realizando el estudio preliminar de la actuación urbanística pretendida, requerimiento de aporte de documentación y subsanaciones técnicas, así como la emisión del certificado de conformidad.

La Agencia de Gestión de Licencias de Actividades en ejercicio de sus competencias ha tramitado, además, 3.698 transmisiones de licencias y 122 consultas urbanísticas. Además se han realizado 601 inspecciones de disciplina urbanística, tramitado 961 expedientes sancionadores en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como 314 expedientes de órdenes de legalización, paralización de obras y cese y clausura de actividades.

También se ha atendido a más de 1.600 ciudadanos a través del servicio de información urbanística de la Agencia, como ha detallado el Consistorio.