MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un hombre acusado de verter residuos a aguas públicas, Claudio M. L, ha reconocido que no tenía autorización para la gestión de metales pesados, durante la celebración del juicio al que ha acudido acusado de un delito contra el medio ambiente.
Durante el juicio, que se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial, el acusado ha señalado que no sabía si las aguas residuales llegaban al terreno "porque se dirigían a una fosa séptica a unos 200 metros".
Para el Ministerio Fiscal ha quedado probado que Claudio M.L., con anterioridad a enero de 2010 y como representante de la sociedad de Tratamiento y Recubrimiento de Metales, estuvo vertiendo sustancias provenientes de su actividad industrial en una arqueta del interior de las instalaciones.
Así, estas aguas residuales contaminadas de plomo, cromo, cobre, zinc y níquel, se filtraron al terreno provocando un vertido directo y un consiguiente "grave daño" para el medio ambiente.
Del mismo modo, la Fiscalía ha señalado que el acusado carecía de licencia de actividad ni se había inscrito en el registro de las actividades industriales.
Por su parte, agentes ambientales fe la Comunidad de Madrid que han intervenido como testigos, han afirmado que "tras varias inspecciones" comprobaron que no había formalidades para la gestión de los vertidos peligrosos y que incumplían los niveles de contaminación atmosférica .
Estos agentes han confirmado que tras la toma de muestras de las aguas en la empresa, las enviaron al Instituto Nacional de Toxicología para su examen.
Del mismo modo han intervenido en calidad de testigos dos técnicos de la Fiscalía que han afirmado que las muestras recogidas evidenciaron "elevadas concentraciones" de cromo, níquel y zinc. Han señalado también que son metales "fuertemente dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud humana".
Por otra parte, dos técnicas del Instituto Nacional de Toxicología han testificado por videoconferencia afirmando que "no se analizaron las muestras" recogidas por los agentes ambientales de la Comunidad por problemas técnicos.
Así, mientras que la Fiscalía ha solicitado una sentencia condenatoria de cinco años y seis meses de prisión por un delito contra el medio ambiente, la Defensa del acusado ha solicitado la absolución de Cláudio M. L por no haberse probado que los residuos de la arqueta fueran "únicamente " de su actividad y porque el Instituto Nacional de Toxicología no pudo emitir un informe preciso. El juicio ha quedado visto para sentencia.
