Admitido a trámite el recurso de Comunidad contra el reglamento que permite a CCAA dar permiso de trabajo a extranjeros

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo planteado en septiembre por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería, en el permite a las comunidades autónomas conceder permisos de trabajo a extranjeros.

El Gobierno regional considera que es "inconstitucional, vulnera la jerarquía legislativa y perjudica la eficacia de la Administración".

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería --acordado por el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009) permite que las Comunidades autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos --como se produce en los casos de Cataluña y Andalucía--, puedan conceder permisos iniciales de trabajo para los extranjeros.

La Comunidad considera que el reglamento vulnera la distribución constitucional de las competencias, que se recoge en el artículo 149.1 de la Constitución española, que señala que al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación.

"La Constitución Española lo deja clarísimo que la competencia sobre extranjeros y flujos migratorios corresponde al Estado. A pesar de ello, los Estatutos de autonomía aprobados hace dos años por Cataluña o Andalucía incluyen esta competencia", indicó en su momento el consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty.

"CAOS BUROCRÁTICO Y DESEQUILIBRIO"

Según explicó, este cambio supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios, así como un "caos burocrático" y un "desequilibrio" entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no, por lo que cree que este nuevo procedimiento "no es propio de una política seria en un tema tan importante como la inmigración".

Asimismo, Lasquetty afirmó que esta normativa crearía un "desequilibrio regional", ya que la concesión de los permisos iniciales de trabajo "estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y que si el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración, en asistencia sanitaria, educativa y de prestaciones sociales".

El consejero argumentó, igualmente, que las consecuencias de las decisiones que tome una sola comunidad, con sus criterios propios, afectaría en corto plazo de tiempo al resto de las autonomía. Por ello, tildó de "injusto" e "inadecuado" que el resto de las regiones estén "a merced" de otra.

Asimismo, el consejero de Inmigración cree que esta nueva normativa complicaría los trámites burocráticos, "ya de por sí lentos y difíciles" y perjudicaría a los extranjeros que quieran venir a vivir a España.

El recurso presentado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad excluye expresamente tres disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, que no se refieren a atribuciones autonómicas, sino que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia de aquellos inmigrantes que estén en situación de desempleo, cuestión con la que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo.