MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la Ordenanza de Movilidad de la capital al entender que algunos de sus artículos van contra la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y porque en ella se "encubre una importante modificación" del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) "sin la aportación de ningún informe técnico-económico que lo justifique".
Según ha informado la asociación este jueves mediante un comunicado, el TSJM ha "admitido a trámite" un recurso contra la normativa municipal, que fue aprobada el pasado mes de noviembre, en el que se alega que "determinados preceptos contravienen la Ley de Seguridad Vial en perjuicio de los legítimos derechos de los automovilistas madrileños" y que "se está alterando sustancialmente el régimen jurídico aplicable al SER".
Así, AEA explica que la ordenanza modifica la normativa fiscal que regula el SER "sin que se haya aportado en el expediente de elaboración ningún informe técnico-económico que lo justifique ni se haya seguido el procedimiento legalmente previsto para ello".
"Se amplían sin justificación las zonas de estacionamiento regulado, duplicando casi su extensión", asegura la asociación, que critica que el Ayuntamiento diga que eso ya estaba contemplado en la anterior normativa y que el único cambio busca "mejorar la sistemática jurídica y recoger en un mismo texto toda la regulación sobre las cuestiones relacionadas con la ordenación del tráfico y la seguridad vial, evitando así la dispersión normativa".
Sin embargo, según AEA, la nueva redacción de la ordenanza amplía el SER de forma no prevista y busca "no tener que aportar los preceptivos informes económicos justificativos" para modificar la ordenanza.
VA CONTRA LA LEY DE TRÁFICO
Por otra parte, AEA denuncia que la inclusión en la ordenanza de Movilidad de exenciones de pago a motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas, pero no a los cuadriciclos ligeros y a los ciclomotores de tres ruedas, supone una "modificación sustantiva" de la normativa fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos.
Además, "prohíbe, en contra de la ley, que los particulares puedan utilizar la carga y descarga", cuya utilización se reserva en exclusiva a los "vehículos comerciales o industriales, impidiéndose que por ejemplo un particular, pueda descargar su equipaje o enseres personales, tal y como está autorizado en la ley".
También se incluyen aspectos de la circulación de bicicletas --normas de adelantamiento, distancia de seguridad y velocidad-- que "alteran, innovan y contradicen" preceptos de la Ley de Seguridad Vial, según AEA.
La ordenanza amplía asimismo los supuestos en que puede inmovilizarse un vehículo no contemplados en la ley, y se atribuye la competencia sancionadora a la Junta de Gobierno en lugar de al alcalde, tal y como se establece en el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial, según el recurso de la asociación.
AEA ha recurrido también los preceptos de la ordenanza relativos a los supuestos de estar justificada la falta de entrega de la denuncia en el acto por parte de la policía, ya que el supuesto "de encontrarse realizando labores de regulación del tráfico y carecer de medios para proceder a la persecución del vehículo infractor" no está contemplado en la ley.