Afem cree que la resolución de la Defensora del Pueblo "alerta sobre los riesgos" de la externalización sanitaria

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) afirma que, pese a que la Defensora del Pueblo no ha considerado procedente interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de centros sanitarios en Madrid, sí "alerta" sobre los riesgos de este modelo de gestión al considerar que debe tener una continua labor de seguimiento y control sobre sus resultados asistenciales.

En un comunicado, Afem cree que la resolución remitida por la institución que dirige Soledad Becerril indica con "contundencia", según su interpretación, la necesidad de articular medidas de "supervisión, auditoría y control" de la externalización de seis hospitales ante posibles riesgos de generar un 'apartheid sanitario'.

A su juicio, la Defensora del Pueblo "llama la atención" sobre el hecho de que la introducción de nuevas fórmulas de gestión sanitaria debe ir acompañada de una "importante y continuada" actividad de seguimiento y control.

También indica que en la resolución se desprende la conveniencia de aportar una comunicación "completa, verificable, periódica y transparente" de los resultados de gestión. Además, señala que el dictamen llama a asegurar la pluralidad de las entidades privadas que pudieran gestionar los centros hospitalarios y asegurar que el gasto por enfermo sea equivalente en todos los centros con independencia del modelo de gestión.

En este sentido, Afem considera que dicha resolución les da la razón en sus denuncias sobre falta de transparencia en los datos que sustentan la medida, la normativa de control de estos centros en la Comunidad y "los riesgos" que implica el proceso para el sistema sanitario.

Por tanto, el colectivo de facultativos considera que el dictamen de la Defensora del Pueblo resulta "mucho más útil para defender los derechos de los pacientes que si se hubiera limitado a interponer un recurso de inconstitucionalidad".

La oficina de la Defensora del Pueblo indicó recientemente que no veía inconstitucional la ampliación de la externalización de los seis hospitales de la Comunidad, incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en la Asamblea de Madrid, por los que se establece una reordenación de la asistencia sanitaria en la Comunidad.

No obstante, la institución afirmaba que seguiría con especial interés tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo, como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial. Aparte, apuntaba que, en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un "deterioro de la calidad del servicio, intervendrá".