Critican la contradicción de que necesiten órdenes judiciales si no pueden entrar en las fincas para denunciar y obtenerlas
MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado sindical del Sindicato de Agentes Forestales y Medioambientales (SAFTAM), José María Lavín, explicó hoy a Europa Press que la protesta contra la Ley de Modernización del Gobierno y de la Adminsitración Autonómica se debe a que se les "retiran competencias porque se pretende eliminar al cuerpo y sustituirlo, en el futuro, por vigilancia privada". "Nos hemos vuelto molestos para el poder y, el mismo Gobierno que el año pasado presumía de nuestro trabajo tras enviarnos voluntarios a los incendios de Galicia, quiere ahora acabar con nosotros", añadió.
Y es que, según el sindicato, que representa al 50 por ciento de los 250 agentes forestales de la región, "se denuncian todo tipo de infracciones, algunas de las cuales salpican a personas que pueden tener influencia en ámbitos políticos". De hecho, la medida ahora propuesta por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "ha sembrado el malestar en otras autonomías", según Lavín, que explicó que "compañeros de otras comunidades tienen la sensación, muy fundada, de que si Madrid pierde sus competencias, a pesar de ir a la cabeza en este tema con Cataluña, ellos también perderán las suyas".
Así, unas 300 personas se manifestaron hoy contra la Ley que, si finalmente es aprobada, privará de su condición de agentes judiciales a los forestales que vigilan los montes de la región y les impedirá acceder al 75 por ciento de los terrenos, de propiedad privada, sin una orden judicial. "Se va a dar la circunstancia tan irónica de que un niño de cinco años sí podrá entrar a montes privados a jugar, porque al dueño no le importará, pero nosotros no podremos pasar sin orden, así que tendrá que ser el niño quien nos diga si hay algo que denunciar", criticó Lavín.
Para el portavoz de UGT en la Comisión de Medio Ambiente, José Luis Valdelvira, la contradicción es simple: "si nosotros no podemos entrar en las fincas sin una orden judicial, ¿cómo vamos a ver lo que hay que denunciar para conseguir las órdenes judiciales?".
A la marcha, que comenzó hacia las 12:30 horas en la Puerta del Sol y concluyó en Atocha, acudieron también los sindicatos UGT, CCOO. Bajo el lema de 'Por la protección de los servicios públicos en Madrid' y coreando lemas como 'El color verde ya no e$ de "la Esperanza"' o 'EsPPeculación', los agentes forestales fueron acompañados en su recorrido por algunos ciudadanos, si bien, como Lavín recordó, "aún hace falta que la gente vea que esto no es una reivindicación profesional, sino que se trata de un golpe mortal al ya maltrecho medio natural madrileño".
"Si en los ecosistemas se empiezan a cometer todo tipo de desmanes, que es lo que ocurrirá de forma inmediata si la Ley sale adelante e incluso aunque más tarde se anule, el daño hecho sería irreversible", indicó Lavín, añadiendo que ésta es la razón por la que "a las reclamaciones se han sumado los principales colectivos ecologistas nacionales". "No sólo están en juego las especies protegidas, sino cosas tan básicas como el agua o el aire", concluyó el delegado sindical.
MÁS MOVILIZACIONES
Así las cosas, los sindicatos se reunirán mañana con los agentes forestales a las 11:00 horas para fijar un calendario de movilizaciones hasta el día 25, cuando se concentrarán frente a la Asamblea de Madrid cuando el Pleno vaya a votar la Ley. "A principios de la semana que viene acamparemos dos días, aunque aún no sabemos dónde", explicó Lavín. Además, los forestales han presentado un escrito al Defensor del Pueblo, "legitimado por la Constitución para recurrir una Ley tan claramente anticonstitucional como ésta", puntualizó.
El portavoz de CCOO en la Comisión de Medio Ambiente, José Luis Díaz, denunció además que "están diciendo mentiras y lo que único que van a poner en marcha son medidas feudales que van a ignorar la designación que todas las normativas hace de los montes como bienes sociales".
"Ahora, un terrateniente que tenga muchas hectáreas de monte podrá recibir subvenciones, por ejemplo, para repoblar, pero nadie podrá comprobar si lo hace realmente o no", subrayó Díaz. Desde su sindicato, "se responsabilizará a Aguirre y la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, de cualquier accidente que se produzca si la Ley es aprobada", ya que "a partir de ahora, los agentes forestales y toda la gente que está bajo su mando tendrá que entrar a ciegas, por ejemplo, a apagar los incendios".
El origen de esta situación, según UGT y CCOO, se encuentra en que "los agentes forestales, hartos de ver cómo denuncias de claros delitos urbanísticos y medioambientales no llegaban a ningún lado en los servicios de inspección de la Consejería, han ido directamente a los juzgados, lo que ha desencadenado una serie de sentencias judiciales que han dado la razón a los agentes forestales, y esto ha escocido mucho en el gobierno regional".
Además, los agentes forestales critican que esta polémica "ha causado ya un daño incalculable", porque se ha cuestionado su condición de agentes de la autoridad, y "si ya es un trabajo enormemente difícil que ha dado lugar a veces a agresiones por cazadores, moteros, etc. transmitir este mensaje" les deja "en el disparadero". Los agentes "serán fruto de agresiones y no podrán imponer absolutamente nada, ni siquiera por ejemplo, que se apague una fogata", sentenció Díaz.
La portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Medio Ambiente, Reyes Montiel, representó el apoyo de su Grupo Parlamentario a la causa de los forestales, y criticó que "no hay ninguna razón, ni urgente ni no urgente, para tocar ni modificar el carácter, condiciones o trabajo que están desarrollando los agentes forestales en la Comunidad de Madrid, que es de preservación del medio natural, sea publico o privado".
"La nueva Ley no da ninguna seguridad jurídica, sino que la quita, y sobre todo hace que los agentes estén en peores condiciones para realizar el trabajo que todos necesitamos", concluyó la diputada regional.
