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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, alcanzará estos días el ecuador de su segunda legislatura al frente del Gobierno regional en medio de toda una batalla político-judicial contra el PSOE a cuenta de los espías, la trama de corrupción Gürtel y ahora el denominado caso Fundescam, mientras en la gestión defiende las medidas fiscales tomadas para intentar sacar a la región de la crisis con la intención de que siga siendo "la locomotora de España".
Trascurridos dos años de gobierno, el Ejecutivo de Aguirre afirma estar volcado en ampliar la red de colegios e institutos bilingües, el proyecto de Área Única de Salud y las prolongaciones de la red de Metro, que vienen a sumarse al paquete de medidas anticrisis que incluyen la supresión del Impuestos de Actividades Económicas (IAE), el incremento del 20 por ciento en el tramo autonómico en la deducción de compra de vivienda nueva o la desgravación del 20 por ciento en el impuesto de matriculación.
Muy recientemente, también ha conseguido superar uno de sus principales problemas con la Administración central ya que, tras la marcha de Magdalena Álvarez del Ministerio de Fomento, ha logrado desbloquear de la mano del nuevo responsable, José Blanco, varios proyectos importantes para la región, como la construcción del aeropuerto de Navalcarnero, el plan de Cercanías, la llegada del Metro a Torrejón y Majadahonda y el cierre norte de la M-50, entre otras cosas.
Además, el Gobierno regional supo sacar de un hecho nefasto, la muerte en 'El Balcón de Rosales' del joven Álvaro Ussía, asesinado a golpes por uno de los porteros, una nueva medida que intenta dar más seguridad a la noche madrileña: la implantación del carné profesional de los porteros de discoteca.
CAMBIOS EN SU EQUIPO
El último año al frente del Gobierno ha sido para Aguirre un tiempo de cambios, dado que ha tenido que remodelar su Ejecutivo en tres ocasiones. La primera en junio de 2008 cuando, de forma sorpresiva y justificando la necesidad de "adelgazar la Administración", suprimió tres consejerías --Medio Ambiente, Justicia y Hacienda-- y sacó de su equipo a cinco miembros --Alfredo Prada, Gador Ongil, Fernando Merry del Val, Beatriz Elorriaga y Manuel Lamela.
La segunda reforma se produjo en el mes de febrero de este año, cuando aceptó la dimisión del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel'. Este cambio le obligó a eliminar la Consejería de Deportes y pasar estas competencias al departamento de Cultura y Turismo, al frente del cual se encontraba Santiago Fisas.
La tercera y última modificación tuvo lugar hace apenas unas semanas, cuando se conoció que Fisas ocuparía el puesto 23 en las listas que el PP llevará al Parlamento Europeo. Como consecuencia de esta marcha, Aguirre adjudicó las competencias que hasta entonces eran de Fisas a su 'mano derecha', Ignacio González, quien además de ser vicepresidente y portavoz, ahora se ha convertido en responsable de Cultura, Turismo y Deportes.
CASO GÜRTEL
Más allá de los cambios en su Administración, la dirigente regional ha visto cómo algunos miembros del PP de Madrid se han visto salpicados por la trama Gürtel, un hecho que le ha levantado más de un dolor de cabeza debido a su responsabilidad como presidenta de la formación.
Su consejero de Deportes Alberto López Viejo, su portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, el diputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, y los alcaldes de Boadilla Arturo González Panero; Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y Arganda, Ginés López, son algunos de los populares que han resultado implicados en este caso.
Especialmente difíciles fueron los días en los que Aguirre tuvo que lidiar con González Panero, quien, a pesar de la imputación, se negaba a presentar su dimisión como primer edil. Hechos como estos están haciendo de la dirigente madrileña el blanco de las críticas de la oposición, que se pregunta constantemente por qué no obliga a dejar su escaño a los diputados relacionados con la red corrupta, a los que el juez ha impuesto fianzas que rondan el millón euros.
ESPÍAS EN LA COMUNIDAD
Al escándalo del Gürtel hay que sumar otra fuente de disgustos para la jefa del Ejecutivo: el denominado 'caso de los espías', según el cual miembros de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, competencia de Francisco Granados, presuntamente habrían espiado a altos cargos regionales.
Este asunto abrió una brecha entre Aguirre y el PP, que encargó iniciar una investigación interna para determinar si realmente miembros del Gobierno regional se habían dedicado a realizar seguimientos a personas tales como el vicepresidente, Ignacio González; el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, o el ex consejero Alfredo Prada.
Tras unos días en los que las aguas estuvieron revueltas, el PP de la Asamblea decidió abrir una Comisión de Investigación para esclarecer si realmente se había espiado, algo que se produjo en un momento en el que el PP optó por enterrar su investigación interna. La conclusión de la Comisión parlamentaria, que no estuvo exenta de polémica, fue que la Comunidad de Madrid no había amparado ni conocido ningún espionaje.
Cuando parecía que la tormenta había escampado, un nuevo problema ha aflorado en la vida de la dirigente autonómica, esta vez relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través de la Fundación Fundescam en 2003, cuando Aguirre aún era candidata a la Presidencia de la Comunidad.
El hecho de que los partidos políticos se encuentren en estos momentos en plena campaña electoral de cara a los comicios que se celebrarán al Parlamento Europeo el próximo 7 de junio ha recrudecido la batalla entre Gobierno y oposición hasta el punto de que ambos partido han acudido a los tribunales para presentar sendas denuncias.
Así, mientras el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, denunciará al PP por supuesta "financiación irregular", los populares se han querellado "por injurias y calumnias" contra Gómez.
Otro de los caballos de batalla de Aguirre en los últimos meses ha sido la reforma de la Ley de cajas con el fin de adaptarla a la normativa estatal, una decisión que le ha enfrentado al Gobierno central, que llevó incluso a recurrir la ley ante el Constitucional, y al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
Sin embargo, éste no ha sido el único punto en el que la presidenta autonómica ha chocado con el primer edil, ya que su Ejecutivo llevó a la Fiscalía de Medio Ambiente las talas de árboles acometidas en las obras de la calle Serrano y ha recurrido por vía Contencioso-Administrativa la Ordenanza de publicidad porque considera que "invade competencias regionales".
En lo personal, éste ha sido un año de suerte para Aguirre ya que, tras salvar la vida al salir ilesa de un atentado terrorista ocurridoen Bombay mientras se encontraba de viaje oficial en territorio indio, ha sido abuela de una niña, Beatriz, hija de su primogénito, Fernando Ramírez de Haro.
