MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Hilario Alfaro, candidato a la presidencia de CEIM, ha defendido este martes la necesidad de poner en marcha un plan estratégico del sector industrial en la Comunidad de Madrid, que en la región ocupa al 9,2% de los empleados de la región y que, según ha dicho, ha perdido desde 2008 cerca de 3.400 empresas y 96.000 empleos.
Esta es una de las medidas que tiene Hilario Alfaro tiene previsto promover e impulsar en el caso de ser elegido presidente de la patronal madrileña en las elecciones que se celebran el día 24 de marzo, según ha señalado en un comunicado su candidatura.
Alfaro se ha reunido con la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (AECIM), a quienes les ha explicado su proyecto de "regeneración, renovación y modernización" de la organización empresarial madrileña y les ha adelantado algunas de sus propuestas orientadas a la "consolidación del liderazgo y la mejora continua de la competitividad de la economía madrileña".
Entre ellas se encuentra la de acometer un Plan Estratégico del sector industrial de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de alcanzar el objetivo de la Comisión Europea de que la industria manufacturera suponga un 20 por ciento del total de la economía madrileña.
Asimismo, Hilario Alfaro tratará de impulsar desde CEIM un Plan Autonómico de Mejora de las Áreas Industriales, introduciendo figuras de gestión de colaboración público-privada y adecuando dichas áreas a las nuevas inversiones que demanda el mercado.
Además, promoverá e impulsará ante las Administraciones Públicas medidas de estímulo a la renovación de equipamiento doméstico y maquinaria industrial, a través de sus correspondientes Planes Renove. "Este tipo de planes además del efecto positivo que conllevan de defensa del medio ambiente, son generadores de empleo y de actividad económica, ejerciendo un importante efecto arrastre sobre otros productos o sectores de actividad", ha destacado Hilario Alfaro.
De la misma forma, Alfaro ha mostrado su compromiso para trabajar en el cumplimiento y desarrollo reglamentario de la Ley de Lucha contra la Morosidad, de forma que en la práctica mercantil se acabe estableciendo unos plazos de pago conformes con el ámbito europeo.
