AMP-Ecologistas emprenderá acciones legales contra Aguirre y sus consejeros de Transportes por prevaricación en la M-501

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que la próxima semana emprenderá acciones legales por un presunto delito de prevaricación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y varios de sus consejeros de Transportes responsables del desdoblamiento de la M-501 Francisco Granados, Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez.

Esta decisión ha sido tomada después de que este viernes se haya conocido el fallo del Tribunal Supremo (TS), que da la razón a la agrupación ecologista al confirmar la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Comunidad de Madrid que dio luz verde a las obras de duplicación de la M-501 por la falta de Declaración de Impacto Ambiental y la omisión del trámite de consulta previa a la Comisión Europea (CE).

Fuentes de la organización ecologista han especificado a Europa Press que entienden que en la actuación de la Comunidad de Madrid se podría haber prevaricado "por haber aprobado actuaciones ilegales a sabiendas de ello".

El portavoz de Ecologistas, Santiago Martín, ha lamentado este viernes la "lentitud" de la Justicia a la hora de pronunciarse sobre este fallo y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pidiera a los ecologistas medio millón de euros para autorizar la paralización cautelar del proyecto cuando aún no se había ejecutado, una "discriminación", a su juicio.

"Nos faltan 10.000 grandes encinas... Hemos ganado en los tribunales pero hemos perdido en el medio ambiente", ha señalado el portavoz, considerando que si se hubiera paralizado la obra o si el TSJM se hubiera pronunciado antes se hubiera conseguido "evitar un desaguisado".

Martín ha abundado en esta cuestión, pues considera que la Administración se ha aprovechado de la "lentitud" en los procesos judiciales, algo que ha calificado como "especialmente despreciable". "No hay nada más torticero por parte de un Gobierno que utilizar la lentitud de la Justicia", ha dicho.

Los ecologistas también destacan que esta sentencia del Supremo --que no se puede recurrir-- elimina la argumentación de tratar de mejorar la siniestralidad como "interés público". Ésta era la justificación del Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder realizar el proyecto de desdoblamiento, a pesar de que tenía una Declaración de Impacto Medioambiental en contra.

"NO INTERÉS PÚBLICO"

"La sentencia insiste que la seguridad vial no está dentro de lo que se considera de interés público. La Comunidad de Madrid intentó manipular y hacer pasar como interés público la seguridad vial", ha sentenciado la portavoz ecologista María Ángeles Nieto, que ha celebrado que la sentencia "desmonte este argumento".

"Es importantísimo, porque es el argumento que están utilizando para proyectos similares, y es el argumento que van a utilizar para desdoblar el otro tramo", ha añadido Martín. En la sentencia del TSJM se admiten "alternativas" en este sentido.

"A Esperanza Aguirre y al Consejo de Gobierno les ha importado un bledo la seguridad vial de esta carretera y de las otras", ha acusado Martín. Ecologistas en Acción remite al proyecto de mejora de la seguridad vial paralizado por el Gobierno regional en 2004 cuando se habían iniciado las expropiaciones para poder llevar a cabo el desdoblamiento.

Expropiaciones que además han sido declaradas "ilegales" por parte de los tribunales, por lo que se abren otras vías, ya que en estos momentos la carretera desdoblada pasa por tramos de propiedad privada, según han destacado los ecologistas.

"ALEGRÍA AGRIA"

Así, los ecologistas reciben la sentencia con "alegría agria", al ser conscientes de la dificultad, si no imposibilidad, de devolver al espacio natural su estado original anterior al desdoblamiento.

En todo caso, los costes que supondrán la restitución en la medida de lo posible también serán "importantes", y eso es lo que les lleva a emprender medidas con los responsables políticos que han tomado decisiones "totalmente ilegales".

Asimismo, han animado a los grupos de la oposición en la Asamblea a presentar las acciones penales "contra las personas que llevaron a cabo este atropello medioambiental".