(Ampl.) Sindicatos amenazan al Gobierno regional con protestas si no abre la negociación del personal público en 15 días

Actualizado: miércoles, 17 octubre 2007 16:40

Acusan al Ejecutivo de Aguirre de rebajar el compromiso asumido por Prada en septiembre excluyendo a 100.000 empleados

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT, CC.OO. y CSIT-UP anunciaron hoy que llamarán a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid a secundar un calendario de movilizaciones, que "con toda probabilidad" incluirá protestas en la calle, si el Gobierno regional no convoca en dos semanas las mesas de negociación colectiva comprometidas el pasado 3 de septiembre por el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, en la firma con dichas organizaciones sindicales de un protocolo que beneficiaría a los 200.000 trabajadores de la Administración autonómica.

En rueda de prensa, los tres sindicatos defendieron su legitimidad como interlocutores en este ámbito por representar a "más del 90%" del personal público de esta comunidad autónoma y acusaron al Ejecutivo regional de haber dado "marcha atrás" sobre el acuerdo inicial de Prada al pretender, ahora, excluir de la negociación a los 100.000 empleados de Sanidad, Educación y Justicia.

Otras medidas de presión previstas son iniciar una campaña de asambleas conjuntas para explicar a los trabajadores la situación y la "actitud" del Gobierno regional, y recoger firmas para exigir a aquél que cumpla con los compromisos que el vicepresidente segundo, Alfredo Prada, asumió "actuando en nombre" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y sin que nadie los haya "desautorizado". En nombre de CC.OO., Francisco García dijo que en la reunión del 3 de septiembre se dio como fecha límite para "tener cerrado el acuerdo" el 15 de octubre, un plazo que, sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha cumplido.

"Casi dos meses después, el Gobierno regional no ha impulsado la negociación a la que se comprometió", aseguró García, insistiendo en que el protocolo firmado ponía las bases para alcanzar "un acuerdo general para todos" los empleados públicos en aspectos como la conciliación de la vida familiar y laboral, la homologación retributiva y la carrera profesional.

El responsable de CC.OO. dijo que se han enviado cartas tanto a Prada como a Aguirre urgiéndoles a convocar las mesas de negociación, sin tener "respuesta" alguna, y afirmó que como parte del ultimátum al Ejecutivo autonómico en este campo los tres sindicatos "priorizarán" esta negociación colectiva general "sobre todos los demás acuerdos sectoriales" mientras aquél no muestre "ninguna intención de dialogar".

"PACTO DE SANGRE CON SINDICATOS CORPORATIVOS"

Mientras, en representación de UGT, Fernando Sánchez acusó al Gobierno regional de ser "ciego y torpe" y de estar sufriendo una "subida de soberbia" porque "no ha asumido de forma coherente" el resultado de las últimas elecciones sindicales, que otorga a su sindicato, junto a CC.OO. y a CSIT-UP, tanta "representatividad" para negociar como "legitimidad" reconocen ellos en el Ejecutivo autonómico, advirtió.

Sánchez aseguró que están dispuestos a firmar con la Comunidad "una paz social, no exenta de conflictos, pero de lealtad mutua", y atribuyó la demora en la convocatoria de las mesas de esta negociación colectiva general a que el Gobierno de Aguirre tiene "un pacto de sangre con algunos sindicatos corporativos de la sanidad y de la educación que viene de la campaña electoral".

LA LEY "OBLIGA" AL GOBIERNO A NEGOCIAR

En la misma línea, José Montero, de CSIT-UP, dijo tener la "sospecha" de que "probablemente la Administración no quiera que esta mesa salga adelante porque está claro" que con ella no se iban a poder llevar a cabo medidas como la reordenación de personal sanitario anunciada recientemente para cubrir los nuevos hospitales "sin haberlo negociado absolutamente con los sindicatos".

"De alguna forma, el Gobierno está dando marcha atrás porque tiene determinados proyectos que a lo mejor no quiere negociar con los sindicatos, pero la ley le obliga a ello", subrayó Montero, quien auguró que si la situación se mantiene así tendrá como consecuencia que "se van a judicializar los temas y, al final, quienes van a perder son los empleados públicos de la Comunidad pero, también y fundamentalmente, todos los ciudadanos".