MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales relacionadas con el denominado 'Caso Guateque', que ha dado "otro paso más" en este proceso, y ha insistido en que "parece en que hubo una dejación clara de responsabilidades" por parte del Ayuntamiento.
Pérez ha subrayado la necesidad de respetar los procesos de los órganos de la Justicia, para remarcar que con este nuevo auto el caso toma otro "cariz" judicial.
El magistrado Santiago Torres ha procesado a un total de veintiséis personas, seis de ellas técnicos municipales el caso en el ha investigado desde hace cinco años una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del juez Santiago Torres, al frente del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Entre los apresados, figuraban funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales.
En un auto fechado el pasado 21 de junio, al que tuvo acceso Europa Press, Santiago Torres transforma las diligencias de investigación de la pieza principal del 'caso Guateque' en procedimiento abreviado ante los "indicios racionales" de delito que encuentra, lo que supone el fin de la instrucción. Contra la resolución, cabe recurso de reforma ante el propio juez.
Entre los procesados, figuran los empresarios Carmelo G.S. y Santiago C.M., quienes según el juez eran los intermediarios entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa. Además, se encargaban de la captación de clientes.
Asimismo, hay varios técnicos municipales como el exfuncionario del área de Disciplina Urbanística Fernando R.T., el exempleado público Luis O., Fernando Z.M. --de la Junta municipal de Centro--, Manuel A.H. --de la Junta municipal de centro--, José Antonio J.D. -- de Urbanismo--, y Juan Luis E. --Junta municipal de Tetuán.
Se les imputa a todos los procesados delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.