MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad, propuesta por el PSOE, que recoge, entre otras medidas, la creación de un Registro de Transparencia, en el que tendrán que inscribirse aquellos que influyen en la elaboración de normativas o políticas públicas.
Esta ley, que ha salido adelante en el último Pleno de la Cámara regional gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y pese a la oposición del PP, regula, en el ámbito de la Comunidad, la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública así como la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Así, la ley se aplica a la Administración regional, la Administración pública de las entidades locales y a las universidades públicas, en todo aquello que no afecte a su autonomía. Además, afecta a los partidos, las organizaciones sindicales y empresariales así como las entidades privadas que reciban subvenciones de más de 60.000 euros del Gobierno regional, que tendrán que hacer público un directorio de la información relativa a la organización, los responsables, las materias y actividades de interés.
Se crea una Oficina de Coordinación de la Transparencia que elaborará y aprobará las directrices aplicables a la publicación de información, gestionará el Portal de Transparencia, controlará la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información y elaborará un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad y de derecho de acceso.
Asimismo, se pondrá en funcionamiento un Registro de Transparencia que tendrá como finalidad que se inscriban quienes influyen de manera directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales así como en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos. Así, se podrá conocer la trazabilidad de cualquier norma, es decir, todo el proceso legislativo.
En concreto, se recogerán los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local, con la finalidad antes mencionad o la preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición.
También se crea el Consejo de Transparencia y Participación que tendrá que presentar un informe a la Asamblea de Madrid sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la transparencia y participación. Éste tendrá capacidad sancionadora.
La ley también incide en que las administraciones deben impulsar y fomentar la participación de la ciudadanía a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutual, ya sea a titulo individual o a través de las entidades ciudadanas en las que se integre la ciudadanía.
DEBATE PARLAMENTARIO
En el debate parlamentario, el diputado del PSOE Diego Cruz ha sostenido que esta ley es un "avance en la calidad democrática" de la región, que la hace "más transparente y participativa". "Hoy como ayer la ciudadanía exige bolsillos de cristal y esta propuesta de eso se trata. Es el antídoto eficaz ante la corrupción y la perversión", ha defendido.
La diputada de Ciudadanos Dolores González ha destacado que esta es probablemente la normativa "más transformadora de toda la Legislatura y la más avanzada" de las que hay en España en la materia.
Por su parte, el parlamentario de Podemos Miguel Ongil ha señalado en que esta es una normativa "para la década pasada o para el principio de esta" pero ha incidido en que es "positiva" y la apoyan porque "era insostenible que la Comunidad sea la última en regular la transparencia".
La diputada del PP María Eugenia Carballedo ha tildado la iniciativa de "insatisfactoria". Así, ha criticado que la ley "engorda la Administración" y ha tachado de "irresponsabilidad" que esté apartada de la "realidad municipal". "No podemos participar de esta ley", ha indicado.
