MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea de Madrid votará hoy una moción de reprobación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por su gestión y actuación política por el "caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad" de la región, su incapacidad para negociar la Ley de Policía Local y por el incumplimiento de los convenios de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los ayuntamientos. No obstante, a la luz de la mayoría absoluta de los 'populares' es presumible su rechazo.
El PSOE esgrime "el caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad de la Comunidad que ha quedado sobradamente demostrado" en la Comisión de Investigación sobre el espionaje "con las declaraciones contradictorias de los altos cargos y asesores personales de seguridad del consejero sobre las funciones de cada uno y la relación jerárquica entre ellos".
"Las estructuras paralelas y el descontrol que se han puesto de manifiesto en esas intervenciones de los altos cargos y asesores confirman que se han excedido las competencias de la Comunidad de Madrid y abundan en la verosimilitud de la realización de seguimientos ilícitos a personas", indica el texto de la moción al que tuvo acceso Europa Press.
No obstante, también reprocha al consejero el "despilfarro" del dinero público al mantener a un alto cargo sin estructura, el director del área de Seguridad, Sergio Gamón, "sin estructura,. competencias ni funciones, y por la utilización de fondos públicos "para realizar actividades en materia de seguridad al margen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que exceden las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a la Comunidad".
Por otra parte, los socialistas culpan a Granados de obstaculizar el desarrollo normal y propiciar el cierre de la comisión de investigación en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad "impidiendo la celebración de las comparecencias solicitadas y la conclusión del plan de trabajo, y eliminando toda posibilidad de esclarecer los hechos, lo que supone una clara vulneración de los derechos fundamentales de los diputados y miembros de la comisión".
Arremeten además contra "la prepotencia y la incapacidad" del consejero para consensuar el borrador de la Ley de Policía Local de la Comunidad con las entidades afectadas, especialmente los ayuntamientos, al pretender la Consejería "el ejercicio de competencias que no le corresponden, vulnerando el ordenamiento constitucional y la autonomía de los ayuntamientos, y apostando por una confrontación que no beneficia a la colaboración entre administraciones públicas en materia de seguridad".
Esgrime además el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos para la dotación de las BESCAM, según lo aprobado en los presupuestos y hacerlo "sin incluir el más mínimo criterio de objetividad para determinar esas dotaciones".
Además, el PSOE le acusa de un "afán recaudador abusivo" plasmado en la implantación de una tasa de formación académica, por importe de 2.400 euros, para los aspirantes a policías locales que están legalmente obligados a la realización de los cursos de formación básica.
Esta tasa "no tiene precedente en ningún Cuerpo de Seguridad del Estado ni en el resto de las comunidades autónomas y supone la financiación de los cursos a cargo de los interesados o de los ayuntamientos correspondientes que, en muchos casos, deberán hacerse cargo del importe de las tasas a pesar de que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid la formación y homogeneización de las políticas locales en su ámbito territorial.
