MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por 76 votos a favor --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- y 48 en contra --Partido Popular-- una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno central a que suspenda la entrada en vigor de las últimas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), y concretamente en lo que se refiere a las limitaciones de los plazos de la instrucción penal, en tanto no se dote a los Juzgados de la Comunidad de los medios personales y materiales suficientes para que pueda llevarse a cabo la aplicación eficaz de dicha ley.
La diputada socialista María Pilar Lloc Cuenca, que ha defendido la PNL, se ha mostrado contraria a pedir la derogación de la Ley yb ha proclamado su "espíritu constructivo" para que la puesta en marcha de esta ley "no ocasione graves perjuicios a la ciudadana al no dotar a la Justicia de los medios suficientes que limitan la instrucción a seis meses".
"El sistema judicial no es capaz de asumir los asuntos por la escasez de medios suministrados por la Administración. Todos los sectores jurídicos más relevantes han alzado sus voces en contra sin la necesaria adaptación de las órganos para la implantación de la Ley", ha añadido.
Además, la parlamentaria ha aludido a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apuntan a que en los Juzgados de Instrucción y Violencia tramitan cada año 517.000 asuntos nuevos. Asimismo, cada juez en 2014 tramitó 641 asuntos nuevos más cada año comparado a la media nacional.
Por otro lado, ha indicado, siguiendo los datos del CGPJ, que sólo en los juzgados de Primera instancia hubo 590 plazas vacantes en los juzgados. "Pensemos en el esfuerzo que tienen que hacer los funcionarios en las inmensas cargas de trabajo y esperas de los ciudadanos. Esta medida también afecta a las audiencia provinciales", ha dicho.
Por todo ello, Lloc considera que la Ley sin los medios adecuados provocará que al limitarse los plazos para practicar diligencias suficientes "las posibilidades de condena caerán ostenisiblemente" y creará "un caos judicial".
"Delitos como corrupción, abusos de menores, terrorismo, asesinatos, que requerirán pruebas, peritajes, requerimientos, etcétera, y será imposible cumplir los plazos previstos y se corre el riesgo de que haya casos sin pruebas. Las consecuencias serán graves para el sistema y para las víctimas, que no se podrán resarcir de la justicia que buscan. Las conductas más graves podrán quedar impunes", ha apuntado.
Por su parte, la diputada de Podemos, María Espinosa, ha pedido también más medios para la Justicia madrileña y ha puesto como ejemplo que los funcionarios de Plaza de Castilla no pueden abrir PDFs ni DVDs con las declaraciones de los juzgados.
"No cuentan ni con fibra óptica, ni con escáneres ni con folios muchas veces. Éste es su modelo de gestión: un páramo lleno de conejos y agujeros como en el Campus de Justicia. En Campus que es como darle un chalé con piscina al que no tiene para comer. Diez millones de euros de un contrato que no encontramos en un páramo que ha quedado sólo para rodar películas. Diez millones dilapidados en este contrato", ha dicho.
La parlamentaria de Podemos considera que la reforma de la LeCrim "remata la Justicia". Y es que, según han indicado, con la modificación legislativa muchos casos de corrupción "se les dará carpetazo porque no dará tiempo a instruirlos".
"Es encarcelar al que menudea con la droga y dejar en libertad al narcotraficantes. Encarcerlar al robagallinas y liberar al ladrón de guante blanco", ha agregado.
En la misma línea, el diputado regional de Ciudadanos Juan Trinidad considera que esta reforma "dará lugar al cierre en falso de procedimientos por corrupción y provocará la impunidad en numerosos casos".
"La Comunidad asumió las competencias en materia de Justicia, gestión, conservación, mantenimiento de inmuebles, impresión y reproducción. Pero la Justicia de Madrid está abandonada por el Gobierno del PP y no lo digo yo, sino la mayoría de asociaciones de jueces, fiscales y sindicatos, así como las memorias anuales del TSJM. Lea estas memorias y cuando termine debería preocuparse por la gente que trabaja en la Administración de Justicia: edificios obsoletos, fallos en calefacción, calabozos minúsculos, falta de espacio para las ruedas de reconocimiento, insuficiente limpieza, falta de cámaras de vigilancia etcétera", ha dicho al consejero de Justicia, Ángel Garrido.
Respecto al personal, Trinidad ha señalado que hay 600 vacantes que no se reponen, así como 200 funcionarios que han pedido traslado a otras comunidades. "Los interinos tiene poca o nula formación. No hay psicólogos ni trabajadores sociales. También falta de seguridad y limpieza", ha añadido, previo a implorar a Garrido que tenga en cuenta la Justicia.
