La Asamblea rechaza la reducción de la jornada laboral de los funcionarios regionales a 35 horas pedida por Más Madrid

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves con los votos del PP la Proposición de Ley presentada por Más Madrid que pedía reducir la jornada laboral de los funcionarios regionales a 35 horas siguiendo la estela de lo acometido en la Administración General del Estado.

Esta propuesta nacía ya con pocos visos de salir adelante ante el rechazo explícito mostrado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, en el pasado Pleno.

Fue en una pregunta sobre si valoraba aplicar el modelo de la AGE a la estructura autonómica. Afirmó que rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración General del Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo".

Para defender su iniciativa ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez quien ha defendido que la sociedad mejora cuando "gana derechos, tiempos de vida y bienestar" y que para que algo funcione no hay que "apretar más, exigir más, controlar más".

"La derecha convierte el trabajo en presión. La izquierda entiende que el trabajo debe ser compatible con vivir. La izquierda sospecha siempre del trabajador. La izquierda confía en las personas sin su capacidad cuando se las trata con dignidad", ha lanzado para plantear al reducción también como una cuestión de "igualdad" y "corresponsabilidad" ya que las jornadas largas "no afectan por igual a todo el mundo".

También ha mostrado su respaldo a la medida el socialista Daniel Rubio, quien ha reivindicado que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública encabezado por Óscar López haya reducido esta jornada en la AGE.

"Ha sido el resultado de una negociación que era compleja, con un compromiso claro por mantener la calidad de los servicios públicos, los derechos laborales y acompañada con unas garantías de prestación del servicio", ha loado al tiempo que ha recordado que esta medida también se ha tomado en otros gobiernos autonómicos o locales y que este rechazo nace del PP de Madrid.

Sin embargo, desde el PP, la diputada Ainhoa García Jabonero ha criticado que la izquierda vuelta a traer esta propuesta a la Cámara después de que haya entrado en vigor la implantación en la AGE solo para "sumarse a la trampa del Gobierno de Sánchez". "A día de hoy no sabemos cuál será el coste de esta medida y no lo sabemos oficialmente porque el Gobierno de España no ha sido capaz de presentar ningún estudio de impacto", ha lamentado.

Así, ha hecho alusión a esta medida que tiene "un coste elevado" por lo que considera que lo mínimo es "tomárselo en serio" y analizar su impacto. Además, ha destacado la importancia del contexto, ya que en cinco años, "cerca del 20% de la plantilla" se va a jubilar y gran parte de los empleados públicos superan ya los 50 años.

Por otro lado, la diputada de Vox Ana Cuartero ha subrayado que el problema de la Comunidad no es "la falta de dinero" sino "la falta de valentía, de decisión política y de principios" porque cree que en este caso también es aplicable "el principio de prioridad nacional".

"Deberían estar por delante los derechos de nuestros trabajadores, los derechos de nuestros empleados públicos, antes que cubrir los gastos derivados de una inmigración ilegal, irregular, masiva, que colapsa", ha reivindicado.