El asesor fiscal del exalcalde Torrejón declara que firmó operaciones de suelo con Esprode

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan Ángel Muñoz, exasesor fiscal de Pedro Antonio Torrejón y gestor de la empresa Format Consulting, ha declarado este lunes en el juicio por el 'caso Ciempozuelos' que firmó en 2004 una operación urbanística de compra de una finca con Esprode, una de las sociedades que aparece en el contrato por los 40 millones de euros que los exalcaldes socialistas iban a cobrar por comisiones a cambio de la modificación del PGOU.

La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio con la declaración de varios supuestos testaferros de los exalcaldes, según fuentes jurídicas. El abogado del PP, Juan Ramón Montero, ha destacado a Europa Press que se habría confirmado presuntamente "el círculo de sociedades utilizadas por Torrejón y Joaquín Tejeiro para recibir las comisiones".

Los exregidores se sientan en en banquillo de los acusados después de que Tejeiro mandara en 2006 a la banca andorrana un contrato en el que se reconocía que iban a cobrar de Esprode 40 millones de euros en comisiones por recalificar unos terrenos.

En su declaración, Juan Ángel Muñoz ha relatado que desde 1996 era asesor fiscal de Torrejón y que era gestor de la empresa Format Consulting, que participaba en un 50 por ciento con Esproce. "Buscaba terrenos y financiación", ha señalado.

Así, ha relatado que Esprode le da un préstamo de 200.000 euros para comprar una finca rustica en Ciempozuelos a través de la empresa Format Consulting. Esta sociedad también aperecía en el contrato de 40 millones de euros enviado a Andorra.

La parcela se la compró a la sociedad Kimuso, que también participa en un 33 por ciento con Esprode. A preguntas del fiscal José Grinda acerca de si algo tenía que ver el PGOU con estas operación, el acusado ha respondido que no lo recordaba porque el contrato era "muy farragoso". Sin embargó, ha dicho poco después que le dijeron que la finca se iba a recalificar, ya que esa era una condición.

Finalmente, según ha contado, nunca llegó a devolver el préstamo. La recalificación quedó en suspenso después de que la Comunidad de Madrid decidiera paralizar el Plan General de Ordenación Urbana cuando se destapó el caso.

Fuentes fiscales han destacado que esta declaración confirma la transcedencia que tenía en estas operaciones el PGOU, a pesar de que los exalcaldes manifestaron en su declaración que ellos no decidían sobre estas cuestiones urbanísticas.

Para Montero, esta declaración confirma que el acusado, asesor entonces de Torrejón, "intervino en unas operacioens inmobiliarias con las otras sociedades implicadas en el caso". "Demuestra que es una operación artificial para la compra de una finca para un tercero con dinero de un tercero", ha reseñado.

Por otro lado, Manuel Ramón Martín Peña, responsable entonces de la empresa Comernet Green, ha manifestado al tribunal su incapacidad de declarar ante la pérdida de memoria que padece. Pero sí lo hizo en 2009 cuando declaró en instrucción. Por ello, el fiscal está valorando si pedir a la sala que le someta a un informe forense.