Publicado 02/06/2020 19:11:48 +02:00CET

Asociación en Defensa de Pensiones Públicas denuncia a Ayuso, Escudero y Reyero por su "lamentable" gestión de la crisis

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión con representantes sanitarios para tratar sobre la situación por el COVID-19, con la presencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión con representantes sanitarios para tratar sobre la situación por el COVID-19, con la presencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU), Manuel Penelas, ha presentado ante el Juzgado una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero, por su "gestión lamentable" en la pandemia.

Concretamente señalan en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, "las deficiencias de servicios de Sanidad durante la crisis sanitaria ha provocado que la Comunidad de Madrid sea la primera comunidad en fallecimientos por infección del Covid-19". En ese momento, han recordado que el Gobierno regional tenía competencias plenas para poder intervenir la Sanidad privada.

"La Sanidad privada en Madrid tiene un gran volumen que se ha montado a costa de la Sanidad pública y en ese momento de emergencia debía y podía haber derivado a los enfermos de las residencias a los hospitales privados optando por no hacerlo y dejarlos morir de mala manera solos sin sus familias, generando dolor. La Comunidad de Madrid con los recursos de la sanidad privada y los tres hospitales de campaña que las ONG con ayuda del Ejercito se presentaron a montarlos sí hubiera podido controlar y dar una oportunidad a los mayores de las residencias", argumenta.

La entidad de pensionistas manifiesta en la denuncia que cuando llegó la epidemia la presidenta y el consejero de Políticas Sociales, del que dependen las residencias de la Comunidad de Madrid, sabían las condiciones en que se encontraban, "sin que se hiciera nada por arreglar la situación, en concreto el reparto de material de protección a los sanitarios que atendían a los mayores, lo que provocó que el personal laboral de las residencias que convivían con los enfermos, cuando regresaban a sus casas, propagaran la epidemia".

Asimismo, señalan que seis días después de decretarse el estado de alarma, se dictó un protocolo sanitario para la Comunidad de Madrid, el cual fue recibido por hospitales y residencias geriátricas en el que se establecen "los 'criterios de exclusión' que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales, entre ellos discapacidad física o mental del residente, por lo que las residencias señalaron que durante la etapa más dura del Covid-19, desde los hospitales se les trasladó que 'no podían derivar pacientes'".

"Fue con la llegada de los militares cuando se dio la voz de alarma ante la grave situación en la que se encontraban los usuarios de la residencia y sus cuidadores", recalcan en el escrito.

La asociación critica que la Comunidad de Madrid fue "incapaz de dar prioridad absoluta a sacar de las residencias a los fallecidos, dejándoles con sus compañeros y extendiendo de esa manera la pandemia e incumpliendo el protocolo de fallecidos.

Según explica ADEPPU en la denuncia, hay un primer documento sobre dichos criterios de no derivación del 18 de marzo, que la Dirección General del Mayor decide no enviar porque no está de acuerdo con los criterios que se especifican.

"En la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) se envía el documento porque está firmado por Sanidad. Pero el geriatra del AMAS envía un email advirtiendo de que no está de acuerdo con esos criterios. En concreto, no comparte las referencias al índice Barthel. En documentos posteriores, se cambia el código Barthel por un criterio de escala de fragilidad. Pero ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero", advierten. El índice Barthel mide la capacidad de una persona para realizar actividades de la vida diaria.

En la denuncia añaden que poco después de que Alberto Reyero informara de los datos de fallecidos desagregados por residencias, Ayuso "impuso un 'mando único'" por el que el consejero de Sanidad se hizo con el control de las residencias "e impuso una política de total opacidad en cuanto al número de muertos desglosado por centros, que desde entonces a la oposición y a la prensa".

PERSONAL CONTAGIADO, ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALES

En un segundo punto, ADEPPU ha apuntado que 1.669 sanitarios se han contagiado en la región, el 13 por ciento del total, por falta de medidas de protección, ya que el proporcionado por la Consejería de Sanidad fue "insuficiente y de mala calidad, viéndose obligados a reciclar los equipos de protección, siendo en la mayoría de los casos inútiles para hacer de barrera contra el virus".

"La dejadez de funciones, tanto de la presidenta, como del consejero provocó el contagio de muchos profesionales, llegando a fallecer alguno de ellos", aseguran.

Los denunciantes aseveran que los servicios médicos en el inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid estaban mermados por los "recortes" del Gobierno del PP desde 2012 ', los "ajustes" para reforzar el hospital de Ifema y por la gran cantidad de bajas del personal sanitario.

Respecto a los centros de Atención Primaria, la asociación ha indicado que en la Comunidad están actualmente cerrados 54, alrededor del 20 por ciento, y otros 8 centros con limitación de horario, "en ninguno se da cita previa, ocasionando un perjuicio consciente para los ciudadanos". A su juicio, necesitan con urgencia de más personal sanitario que refuerce los diferentes dispositivos existentes, al igual que los hospitales.

Por todo ello, el denunciante cree que todos estos hechos pudieran ser constitutivo de los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación, delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio, por lo que espera que después de los trámites pertinentes "se abran diligencias previas para determinar los hechos delictivos y sus autores".

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