MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Familiares de Fusilados del Franquismo de Madrid ha registrado un documento en la Asamblea de Madrid en el que requiere a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que "cumpla su palabra" y que el Gobierno regional "empiece a colaborar y ayudar en la investigación de los desaparecidos" de la contienda civil y de la posguerra, atendiendo a la Ley estatal de Memoria Histórica.
En declaraciones a Europa Press, uno de los representantes de esta organización, Francisco Javier Jiménez, señaló que este jueves presentaron el requerimiento en el Parlamento regional en respuesta al ofrecimiento formulado la semana pasada por Aguirre, que manifestó que estaría "absolutamente dispuesta" a hacer todo lo necesario para ayudar "a todos los madrileños que quieran buscar los restos de sus antepasados".
No obstante, la presidenta regional indicó que hasta ese momento no habían recibido ninguna petición pero cuando la recogiera la Comunidad "estaría absolutamente dispuestos a hacer lo necesario para que todos los que quieran buscar los restos de sus antepasados que creen que fueron fusilados, que están en una cuneta, en una fosa común o en cualquier otro sitio, puedan buscarlos".
Por ello, la Asociación de Familiares de Fusilados del Franquismo de Madrid cree que "ya es hora" de que empiecen a buscar a los desaparecidos. Concretamente, exigen al Gobierno regional que facilite la investigación de los "3.000 fusilados" en el cementerio de la Almudena entre 1939 y 1941 a través de juicios sumarísimos.
Javier Jiménez se quejó de que hasta el momento los responsables de este camposanto, propiedad del Ayuntamiento, no le han permitido consultar los archivos "para saber dónde fueron a pasar estas tres mil personas".
Asimismo, pidió a Aguirre que les de acceso a los historiales médicos de los hospitales madrileños donde denuncian que hubo tráfico de niños. "En los años posteriores a la guerra muchos bebés y niños fueron robados a sus madres de orfanatos y de cárceles para entregárselos a familias extranjeras y también españolas, con el beneplácito del Régimen", argumentó.
Por otro lado, la asociación insta a las autoridades a que se lleve a cabo un plan de recogida de AND para el reconocimiento de familiares, además de una Comisión de Búsqueda y el apoyo de la investigación judicial realizada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Ahora, sus representantes, englobados esperan que las palabras de Aguirre "vayan a buen término" y "no las haya pronunciado sólo para conseguir votos". "Hasta el momento en la Comunidad no se han preocupado nada en absoluto por estos desaparecidos y apenas se han exhumado restos", indicó Jiménez. El registro de la Asamblea les comunicó que 15 días obtendrían respuesta a este requerimiento.
FICHERO DE RECOGIDA DE DATOS
El Ejecutivo autonómico pondrá a disposición de los madrileños en las próximas semanas unos ficheros en todas las ventanillas de los Registros Públicos de la Comunidad para buscar los restos de antepasados víctimas de la guerra civil española y del franquismo, según informaron a Europa Press fuentes regionales.
Recogida dicha documentación en los ficheros proporcionados, la Comunidad de Madrid procederá a ayudar a buscar los restos de estos desaparecidos, tal y como le marque el Gobierno o la normativa que tiene que aprobarse para desarrollar la Ley de Memoria Histórica.
Según las mismas fuentes, esta Ley, que fue aprobada a finales de 2007 por el Congreso de los Diputados fija, entre otras cuestiones, el derecho de todo ciudadano a encontrar e identificar los restos de las víctimas de la represión aún no hallados.
Así, se establece la obligación de que las Administraciones deberán facilitar este derecho y el Estado tendrá que elaborar un mapa de fosas comunes, un protocolo de actuación y planificar las subvenciones y gastos derivados de este tema a través de la elaboración de un Real Decreto y un convenio marco.
La Comunidad de Madrid señaló que, al igual que otras autonomías, envió una serie de alegaciones para que el Gobierno aclarará quién iba a pagar los costes de la aplicación de la Ley, cómo se iba a realizar, así como la manera de proceder para autorizar las búsquedas, puesto que la mayoría de los terrenos son competencia municipal y otros son propiedad privada, entre otras precisiones.
Por tanto, hasta que no se responda a estas alegaciones o se apruebe el Real Decreto o un protocolo de actuación, el Gobierno regional no podrá actuar en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, aunque así lo hayan solicitado en los Registros de la Comunidad. No obstante, el ánimo de la Comunidad es ayudar a estas víctimas, según confirmaron a Europa Press fuentes regionales.
