Actualizado 07/11/2007 19:51 CET

Autorizadas nuevas graveras, escombreras y cuatro proyectos urbanísticos en el Parque del Sureste, según ecologistas

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Parque del Sureste autorizó hoy, durante la primera reunión que mantiene en dos años y medio, nuevas graveras, escombreras y cuatro proyectos urbanísticos sin tener aprobado previamente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que pone garantías y control a la actividad minera, según denunció hoy el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA).

En una sesión "maratoniana", la Junta Rectora del Parque se reunió hoy en la Consejería de Medio Ambiente, donde se sometieron a información de la Junta Rectora un centenar de informes, "preceptivos de que pueda realizarse prácticamente cualquier tipo de actividad dentro del Parque", criticaron los ecologistas.

"Llama la atención sobre todo el gran número de proyectos ligados a la actividad de la construcción, como casi 30 nuevas graveras, una veintena de escombreras y operaciones urbanísticas, entre otras", añadieron las ONG, puntualizando que, entre las actuaciones más graves, destacan 13 de dichas graveras.

GRAVERAS Y ESCOMBRERAS EN EL PARQUE REGIONAL

En concreto, las asociaciones ecologistas informaron de que "todas las graveras menos una en Ciempozuelos y otra en San Martín de la Vega, contravienen la moratoria que se había impuesto hace años a autorizar nuevas extracciones de áridos mientras no estuviera aprobado el PRUG". Por otro lado, con esta aprobación se "consolida una situación insostenible de concentración de explotaciones en el sur del Parque, aumentando el impacto sinérgico que éstas ocasionan", continuaron las mismas fuentes.

Asimismo, las 20 escombreras, "camufladas algunas de ellas como restauración de graveras, aprovechan la demanda del sector de la construcción por verter las tierras y escombros de su actividad", denunciaron desde GRAMA. "La Consejería de Medio Ambiente ve una oportunidad para la eliminación de estos desechos en los huecos dejados por las graveras al final de su actividad. Con estas aprobaciones se convierte definitivamente el Parque del Sureste en la gran escombrera regional", añadieron.

También se autorizaron en esta sesión varios proyectos de eliminación de residuos y escombros en la zona de la Cañada Real Galiana, entre otros los accesos a la misma, lo que significa que, "una vez más, cuando hay que buscar emplazamiento para las instalaciones de eliminación de residuos, se elige el Parque del Sureste".

Por último, la Junta Rectora aprobó cuatro proyectos urbanísticos en Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio, respectivamente, que provocarán un "aumento de la presión humana que este espacio aguanta".

OCHO AÑOS SIN PRUG

"Ha resultado especialmente significativo la gran cantidad de proyectos que se sometían a información y que ya habían sido ejecutados por sus promotores, contraviniendo la legislación del Parque. Pero lo que es aún más alarmante es el desconocimiento del que ha hecho gala la Consejería de Medio Ambiente respecto a la ejecución de la mayoría de ellos, destacando su ignorancia sobre la existencia de siete graveras que todavía operan en suelos incompatibles como la ribera del Jarama", incidieron los ecologistas.

Al principio de la reunión se procedió a la lectura del informe del director, que detalló las actuaciones realizadas en los últimos meses y llamó la atención sobre la "ausencia de inversiones en la compra de patrimonio público que garantizara la conservación de alguno de los espacios más sensibles del Parque", informaron las asociaciones ecologistas.

"Como nota preocupante, hay que señalar la presencia descontrolada de especies exóticas como el mapache en el interior del Parque", añadieron los ecologistas, quejándose de "la ausencia del PRUG en el orden del día" y pidieron explicaciones a la Presidencia de la Junta por este motivo. El director general de Medio Natural indicó que "en breve pasará por el Consejo de Estado y será éste el último paso antes de su aprobación", según las ONG, críticos con que el PRUG acumule ocho años y medio de retraso.