PSOE dice que son los madrileños las "víctimas de los cárteles de la basura" e IU reclama revocar los contratos "por estafa"
MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha avanzado este martes en la comisión del ramo que se ha puesto en marcha un estudio para valorar el perjuicio económico para las arcas municipales derivado de las prácticas anticompetencia de grandes empresas, tras el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El edil ha detallado que esa cuantificación económica incluye los gastos de gestión por la tramitación de nuevos expedientes tras quedar desiertos los concursos y la diferencia de precios en los servicios prorrogados. Esto se suma al estudio ya anunciado de medidas legales contra las empresas y el diseño de nuevas fórmulas y mecanismos para introducir en la contratación con el fin de fomentar la concurrencia.
La CNMC ha abierto expediente a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr y a otras treinta empresas, además de a tres asociaciones, por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos. Era, como ya definió semanas atrás el propio delegado, un pacto de "no agresión entre empresas".
Sanjuanbenito también ha anunciado el inicio de los trámites para resolver el convenio de colaboración, que no contrato, de la gestión del papel y el cartón procedente de la recogida selectiva. El convenio es del año 2005 y viene derivado del rubricado entre el Ayuntamiento y AREMA en 2000. Se llevará a cabo "frente a cualquier indicio de colusión que pueda perjudicar a los ciudadanos".
También se está ultimando la redacción del nuevo contrato de la planta de biogás en Valdemingómez reforzando "las garantías para que sean las más favorables al interés público" y para que se dé la "máxima concurrencia".
"SOMOS VÍCTIMAS"
"Somos victimas de esto (el expediente abierto por la CNMC) como tantos y tantos ayuntamientos, comunidades y empresas públicas", ha aseverado Sanjuanbenito en la comisión ordinaria del ramo. Sin embargo, para la socialista Ruth Porta el Ayuntamiento "está implicado hasta el cuello" siendo los madrileños las "víctimas de los cárteles de la basura".
La edil ya ha reclamado una investigación interna que revise todos los contratos con las empresas sancionadas por si son "ilegítimos", que se señale a las personas que fijaron los precios de la "estafa" para determinar su responsabilidad y que devuelvan el dinero a las arcas municipales.
Desde IU, Raquel López ha recordado que su formación ha llevado la cuestión de la competencia entre las grandes constructoras "de manera obsesiva" durante años y "ahora (al Ejecutivo municipal) fingen que no sabían nada y se echan las manos a la cabeza". "Son prácticas mafiosas de una empresas reunidas en un cártel para sacar tajada de los derechos de los ciudadanos", ha lanzado.
López le ha exigido más a Sanjuanbenito, como "revocar los contratos con esas empresas por lesionar los intereses de los madrileños" y por "estafa". "Eso es lo que tendría que hacer un gobierno responsable", ha defendido añadiendo que la multa que les podría caer a esas empresas es "de risa viendo lo que ganan".
En la misma línea, el portavoz de UPyD de Medio Ambiente, Jaime de Berenguer, ha acusado al Gobierno municipal de ser "el colaborador necesario" de las grandes empresas dejando la ciudad "en manos de las empresas, de las cuatro de siempre"
El delegado ha contestado a los requerimientos de la oposición que no hay ninguna causa para la nulidad de los contratos según la ley vigente ya que sólo se podría hacer si la prohibición de contratar hubiera sido declarada antes de la adjudicación. También ha puntualizado que el Ayuntamiento sabía que las empresas estaban siendo investigadas pero que de eso no se puede derivar su exclusión de los procedimientos de adjudicación.
Asimismo ha hecho una defensa cerrada de los contratos integrales ya que, antes de que llegaran al Ayuntamiento, había "menos concurrencia con menor número de empresas", unido al hecho de que saliera de la contratación municipal la empresa que tradicionalmente prestaba determinados servicios de recogida.
A respuesta a la socialista Ruth Porta, Sanjuanbenito ha contestado que ni la Administración ni él negocian precios. "Ni esta Administración ni este delegado negocian precios con nadie", ha contestado tajantemente. No ha querido finalizar su intervención sin destacar lo "muy orgulloso" que se siente del equipo técnico de contratación, "uno de los mejores de España".
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