Ayuntamiento impugnará el reparto de consejeros de Casa Real en Caja Madrid y acudirá a los tribunales si es necesario

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid celebrada hoy aprobó impugnar el reparto de los 64 consejeros de Caja Madrid correspondientes a la Casa Real que, como en cada proceso electoral, cede al resto de los sectores de la asamblea general de la entidad, e incluso no descartó acudir a los tribunales para solicitar la suspensión cautelar del proceso electoral de no ver cumplidas sus aspiraciones de que se tenga en cuenta a las corporaciones locales a la hora de hacer el reparto.

Según informó hoy el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, en rueda de prensa, "defendiendo nuevamente los intereses de los madrileños, se entiende ajustado a derecho que tienen que repartirse entre los sectores esos miembros de la Asamblea General que se quieren quitar al Ayuntamiento", un total de nueve votos, dejando al Consistorio de la capital con 45 representantes.

"Entiendo que otras instituciones como la Comunidad de Madrid defiende los intereses de un colectivo mucho mayor de ciudadanos, como es lógico, pero nosotros sólo representamos a los de la capital, y entendemos ajustado a derecho que esos representantes de la Corona se repartan entre los cinco sectores", insistió el vicealcalde, criticando que la nueva norma haya excluido "expresamente" a las corporaciones locales de la asignación de estos puestos, pese a que estaban incluidos en la anterior ley.

Así, la defensa de los intereses de los madrileños podría llegar incluso a los tribunales si la comisión de control de la Caja no da marcha atrás, y el Consistorio podría solicitar la suspensión cautelar de todo el proceso electoral hasta que se aclare si debe aplicarse a este reparto la nueva Ley, aprobada en enero, o la 2003 anterior, creada en tiempos de la Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón.

El argumento es que la Corona se dirigió a la Caja para ceder el nombramiento de sus representantes a los otros sectores "antes de la aprobación de la Ley de 1998", por lo que a juicio del Ayuntamiento se deben aplicar los criterios de la norma anterior.

Desde el año pasado, Ayuntamiento y Comunidad mantienen un largo pulso a cuenta de la renovación de los órganos de dirección de la caja mediante la modificación de la Ley Autonómica, que el equipo de Gallardón consideró no se ajustaba a la normativa estatal (LORCA) porque reducía de 70 a 24 los representantes municipales. Tras recurrir el texto, la Asamblea de Madrid modificó la letra de la norma, y el Consistorio llegó a los 36 representantes.

En ese momento, el PP vivió un periodo de división en la asamblea general que ocasionó incluso disputas entre compañeros de partido que saltaron a la prensa. Preguntado sobre la posibilidad de volver a dar esa imagen de confrontación, Cobo consideró que "todas las instituciones tienen obligación de defender los intereses de sus ciudadanos, es algo que entra mucho más en la normalidad de lo que a veces trasciende a opinión pública".

"Puede haber discrepancias, es normal, nuestra obligación es defender a los ciudadanos. Otra cosa es lo que se interprete, pero la prueba de que hicimos bien en defender esa primera posición ante la ley que se aprobó en 2008 es que conseguimos una mayor representación para el Ayuntamiento a pesar del recorte muy importante de consejeros. No sé cuál será la interpretación que hagan los ciudadanos, pero creo que el criterio mantenido por nosotros es el de defender los intereses de ciudadanos", zanjó.