MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de otras ocho ciudades para ampliar la cobertura del bono social energético dirigida al Ministerio de Transición Ecológica.
Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, las ciudades de Cádiz, Valencia, Pamplona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, junto a Madrid, han suscrito una carta conjunta para pedir al Gobierno central una reforma del bono social.
Los regidores y alcaldesas firmantes de la misiva señalan "una profunda preocupación por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad".
Los ayuntamientos, subraya el documento, son los que "en gran medida cubren las necesidades energéticas de las familias vulnerables", razón por la que solicitan interlocución directa en esta materia "sin órganos intermedios".
Las ciudades firmantes demandan los cambios regulatorios necesarios para ampliar la cobertura del bono social a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia, y piden que cualquier comercializadora que lo desee pueda prestar el bono social.
Actualmente, exponen estos consistorios, solo tienen acceso al bono social las clientas y clientes de ocho comercializadoras de las más de 700 que existen.
La propuesta pasa porque las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales (optimización de potencia y tarifa) antes de aplicar el bono social. "Se trataría de evitar que se sigan subvencionando a través de dicho bono descuentos sobre facturas mucho más altas de lo necesario", inciden.
Ponen el ejemplo de lo que ocurre en Portugal desde 2016, ya que la tramitación es "farragosa e impide el acceso a miles de familias a la ayuda".
Las metrópolis que suscriben el escrito instan a que aplique el principio de precaución tal y como recoge la Ley Catalana 24/2015 para que las empresas energéticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no está en situación de vulnerabilidad.
Y en este sentido, también solicitan que se destinen recursos y personal en los ayuntamientos para asesorar y acompañar a las familias vulnerables.
