MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) presentó hoy ante la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid el anunció de recurso que interpondrá en el Tribunal Supremo por infracción de ley contra la sentencia que condenó con penas de entre 3 y 5 años de cárcel a los tres policías implicados en la detención ilegal de dos militantes del PP que acudieron a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del terrorismo (AVT) en enero de 2005.
Tras analizar la sentencia, el Ministerio Público considera que la resolución de la Sección Decimosexta "no es ajustada a derecho" y señala que, pese a su contenido, "no ha quedado acreditado que la conducta de los acusados haya sido constitutiva de los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones" por los que han sido condenados.
Interpuesto el recurso, la Fiscalía dispondrá de varias semanas para formalizar los argumentos de su iniciativa ante el Tribunal Supremo, que se fundamenta en los motivos de infracción de ley, por aplicación indebida de los artículos 167 (detención ilegal), 390.1.3º y 4º (falsedad en documento público) y 172 (coacciones), todos ellos del Código Penal, infracción de ley por error de hecho en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional.
La Fiscalía del TSJ de Madrid remitirá el borrador del recurso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para preparar e interponer todos los recursos de casación ante el Alto Tribunal.
POLICÍAS CONDENADOS
La sentencia, hecha pública el pasado 8 de mayo, condenó al comisario Rodolfo Ruiz, responsable de la Brigada de Información de Madrid, a 5 años de cárcel, 10 de inhabilitación y al pago de dos multas por valor de 1.080 euros como autor de los delitos de detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones cometidas por la detención de los militantes populares Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.
El tribunal condenó también al inspector jefe Javier Fernández Gómez, a la misma pena de 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y falsedad, así como al pago de una multa de 1.080 euros por el segundo de los delitos mencionados. Fernández fue quien coordinó la investigación de los incidentes ocurridos a raíz de que el ex ministro de Defensa, José Bono, acudiera a la manifestación si avisar previamente a las autoridades.
El funcionario José Luis González Salgueiro, cuya firma aparecía en la declaración tomada a los militantes, ha sido condenado por el delito de falsedad a 3 años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público por dos años y al pago de 1.080 euros de multa.
