Bravo defiende, como la FEMP, que sea el Estado el que fije la cuantía de participación municipal en los ingresos de las comunidades

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, defendió hoy la tesis de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sea el Estado el que fije en el nuevo modelo de financiación la metodología y la cuantía en la que los ayuntamientos tienen que participar en los ingresos de las comunidades autónomas.

"Lo que reclamamos todos los ayuntamientos es que sea el Gobierno el que determine el procedimiento y la cuantía y que si una Comunidad no cumple en la aplicación de ese nuevo modelo que sea el Estado el que garantice el cumplimiento, eso es lo que estamos reclamando, no que el Gobierno nos aboque a una negociación bilateral con las respectivas comunidades", añadió Bravo en declaraciones a Europa Press.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió hoy al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que reclame a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, la financiación de los servicios de su competencia que actualmente presta el Consistorio.

"A Gallardón se le llena la boca al pedir recursos al Estado cuando olvida que el Gobierno de España es uno de los Estados más descentralizados de la Unión Europea, pero han sido las comunidades autónomas, los órganos en los que se ha descentralizado, los que no lo han hecho a su vez con los ayuntamientos", sostuvo el socialista. "Por eso me gustaría escuchar a Gallardón reclamar los 1.206 millones que anualmente debería dar la Comunidad al Ayuntamiento porque es un dinero de todos los madrileños", declaró.

El delegado de Hacienda consideró que Lucas "parece que no comparte las tesis de su propio partido, de la la FEMP y de su presidente, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que reclama que sea el Estado el que fije en el nuevo modelo de financiación la metodología y la cuantía en la que los ayuntamientos tienen que participar en los ingresos de las comunidades autónomas".

Bravo defiende que una parte de la mejora en la financiación que recibirán las comunidades debería destinarse a los ayuntamientos por las denominadas competencias impropias, esto es, las que llevan a cabo los consistorios cuando deberían depender de otras administraciones. "Están obligando a los ayuntamientos a que suplamos la inactivad de las comunidades y eso es un común denominador (de todos los consistorios)", añadió Bravo.