Calvo (Más Madrid) cree que auto sirve de "escarmiento" a quien tenga tentación de vender patrimonio en esas condiciones

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El todavía vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) de Madrid, José Manuel Calvo (Más Madrid), cree que el auto que prohíbe cautelarmente al fondo Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la EMVS puede "servir de escarmiento, sea quien sea el titular de la Administración, que pueda tener la tentación de vender patrimonio público y más en esas condiciones".

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez acepta las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Afectados por la Venta de las Viviendas de la EMVS. Y prohíbe a Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la EMVS que en 2013 compró el fondo de inversión Blackstone y que ahora gestiona esta sociedad.

Calvo ha hecho una valoración muy positiva del auto de medidas cautelares porque indica que la querella interpuesta en su momento "puede tener recorrido". Además, las cautelares "son muy contundentes: prohíbe la venta de esos pisos y se dictan dos fianzas muy duras, una solidaria a todos los responsables, y otra en particular a Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS".

"Las medidas cautelares van por el buen camino. Estamos muy satisfechos del trabajo realizado" dirigido por el anterior equipo de Gobierno, de Ahora Madrid, cuyos concejales aún están al frente de la EMVS, Calvo como vicepresidente y Marta Higueras como presidenta.

El auto considera incluso la hipótesis de una posible sentencia condenatoria, que supondría "una recuperación de una titularidad tanto de la propiedad como, en su caso, del contrato de arrendamiento".

Calvo ha indicado que esto "abre la posibilidad a que el proceso sea declarado nulo", una alternativa "que siempre estuvo cerrada por el órgano consultivo de la Comunidad, que siempre se negó a revisar esa venta porque el IVIMA hizo lo mismo". "Y esa posible sentencia favorable abre la posibilidad de la nulidad", ha subrayado.

"La querella penal que presentamos tiene recorrido", ha insistido Calvo. Y lo hace a través de un auto de medidas cautelares que "bloquea cualquier posibilidad de venta de esas viviendas mientras que no se pronuncien los tribunales, lo que garantiza un respiro y seguridad a las familias".

"Esperamos que el resultado sea que aquella venta se produjo de manera fraudulenta, que se pueda revertir el proceso y que los inquilinos que de buena fe confiaron en la Administración para tener una vivienda pública puedan seguir viviendo en ella en las mismas condiciones que estaban antes de que (laexalcaldesa del PP) Ana Botella procediera a su venta", ha terminado.