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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas ha apuntado a una infrafinanciación del Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder prestar la atención social necesaria a las personas con enfermedad mental grave y duradera y reducir o suprimir la lista de espera existente en todos los recursos asistenciales.
Así se refleja en el informe de fiscalización del programa 231A sobre atención especializada a personas con enfermedad mental y sobre el cumplimiento del Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales para el periodo 2021/2022 de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social publicado este martes.
En el informe, el órgano fiscalizador dirigido por Joaquín Leguina ha concluido que los recursos adicionales necesarios en el ejercicio 2022 habrían ascendido, al menos, a 13.376.719 euros, según el documento adelantado por el diario 'El País' y consultado por Europa Press.
"Para poder prestar la atención social necesaria a las personas con enfermedad mental grave y duradera y reducir o suprimir la lista de espera existente en todos los recursos asistenciales, la Comunidad de Madrid deberá ampliar los recursos financieros destinados, a lo que podría contribuir fijar una aportación de los usuarios atendiendo a su capacidad económica", según se indica en el informe.
En esta línea, la Cámara de Cuentas ha recalcado que el incremento de los centros y plazas de la red no ha sido suficiente para absorber, en cada recurso, la lista de espera existente.
En la fecha de realización del informe (octubre de 2024), la lista de espera se ha seguido incrementando y ha llegado a 1.454 personas, un 13% más que las existentes a 31 de diciembre de 2022. En los ejercicios 2021, 2022 y 2023 era de 1.319, 1.271 y 1.333, respectivamente.
El 37% de 2021 y 2022 correspondía a usuarios en lista de espera de atención residencial, porcentaje que se incrementa hasta el 42% en 2023 y el 45% a fecha de fiscalización. Así, aunque el número de usuarios en lista de espera disminuyó un 4% en el ejercicio 2022 (48 usuarios) con respecto a 2021, se incrementó un 5% (62 usuarios) en el ejercicio 2023.
De esta forma, según la ratio mínima calculada necesaria por cada 1.000 habitantes considerada por la Consejería en el Plan 2003-2006, a 31 de diciembre de 2022 "existe un déficit de plazas en los Centros de Rehabilitación Psicosocial (-37) y en los recursos de atención residencial (mini residencias -218), pisos supervisados (-155) y plazas supervisadas en pensiones de huéspedes (-26).
En el informe también se hace alusión a las dificultades derivadas de la pandemia que impidieron adjudicar nuevos contratos de prestación de servicios en centros propios de la Comunidad de Madrid, a raiz de las cuales se contrajeron obligaciones económicas con terceros "sin la oportuna autorización y disposición de gasto hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos". Así, el gasto correspondiente al periodo afectado (desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021) fue de 6.155.304 euros.
En materia de contratación, la Cámara de Cuentas ha señalado la necesidad de "incrementar los controles" hasta alcanzar la totalidad de los distintos tipos de recursos de la red pública, así como "reforzar los procedimientos de supervisión y control para verificar, con más exhaustividad, el grado de cumplimiento y el nivel de calidad material, de funcionamiento de los centros, y de atención a los usuarios".
En la misma línea, ha considerado que el departamento que dirige Ana Dávila "debería adecuar las exigencias de los pliegos que rigen la contratación de los recursos, de manera que no se solicite a las entidades gestoras el cumplimiento de obligaciones que conllevan actuaciones que no mejoran la adecuada prestación del servicio y que, sin embargo, suponen una carga administrativa que puede exceder lo necesario para garantizar su propio control".
Además, ha sostenido que se deberían de aplicar "los mecanismos sancionadores que fijan los pliegos en el caso de incumplimientos reiterados". "La Consejería debiera articular un procedimiento de control más exhaustivo en las mini residencias para verificar la realidad de la ocupación de las plazas o en su caso las ausencias", apostilla.
Entre las recomendaciones, la Cámara de Cuentas ha remarcado la conveniencia de elaborar un nuevo plan "en el que se ofrezca una visión de las necesidades, prevalencia y una estimación cuantitativa del volumen de población afectada por enfermedad mental grave, así como una estimación de necesidades de plazas por tipología de recurso en función de unos estándares mínimos y óptimos de plazas de la red de centros y recursos de atención social".
Asimismo, ha recomendado a la Consejería identificar "de manera más detallada los objetivos e indicadores medibles, así como las acciones que llevará a cabo para su consecución, "de manera que se pueda determinar que la gestión de los recursos se gestiona de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y calidad", así como" facilitar la toma de decisiones y la implantación de mejoras en los casos que proceda, permitiendo hacer el seguimiento y valoración de las acciones emprendidas".
Igualmente, ha aconsejado una aplicación informática que permita identificar a las personas derivadas por los Servicios de Salud Mental a los distintos recursos de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, en la que conste la fecha de derivación, así como la de inicio y finalización de la prestación de atención social en los distintos centros y recursos, de modo que se pueda identificar a los usuarios en lista de espera y calcular los tiempos de demora.
UNA RED "PIONERA Y REFERENTE EN TODA ESPAÑA"
Desde el Gobierno regional han subrayado que la Comunidad de Madrid cuenta "con una de las redes más sólidas, pionera y referente en toda España" para la atención a personas con enfermedad mental grave y duradera, con 7.181 plazas distribuidas en 233 centros y servicios.
Fuentes del departamento que dirige Ana Dávila han recordado que desde 2022 se han abierto 10 nuevos centros para atenderles, con un crecimiento de 512 plazas. Durante este año se dedicarán más de 92 millones de euros a esta atención social especializada, con un incremento del 6% respecto al año anterior.
En 2024 se atendió en esta red a 9.267 personas, con un modelo de coordinación sociosanitaria gratuito que ofrece apoyo psicológico, social, laboral y residencial, con continuidad a los cuidados para pacientes que ya han sido tratados en los Servicios de Salud Mental.
Además, la Comunidad de Madrid reforzó en 2024 la atención a 22.626 personas con enfermedad mental grave y duradera, financiando 26 proyectos de 14 entidades especializadas, han apuntado las mismas fuentes a Europa Press.
El Gobierno regional, además, acaba de abrir una nueva convocatoria de ayudas para este año, con 600.000 euros, que permitirá a las asociaciones beneficiarias sufragar gastos corrientes para el mantenimiento de servicios de información y orientación, servicios de convivencia familiar y social y plazas de centros de atención diurna.