MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Canal de Isabel II ha renovado la adjudicación de la gestión de las instalaciones deportivas dedicadas al golf en Chamberí al ser independiente esta acción de la regulación urbanística actualmente en tramitación.
Todo ello después de que Ecologistas en Acción haya denunciado a través de un comunicado la renovación de la adjudicación en unas instalaciones "sin licencia ni cobertura legal alguna".
Desde el Canal han explicado a Europa Press que la sentencia del Tribunal Supremo "no obligaba al cierre de las instalaciones" sino que exigía una mejor justificación de la declaración de interés general de estas instalaciones concedido por el Gobierno regional.
Para ello, el Canal anunció un Plan Especial, actualmente en tramitación, para adecuar las instalaciones al planeamiento urbanístico. Por otro lado, las mismas fuentes han afirmado que no entienden la actitud de Ecologistas al ser las de Chamberí unas instalaciones de gran aceptación: son miles de vecinos los que disfrutan ellas y, concretamente, desde que abrieron en 2007 han pasado más de siete millones de personas.
Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales Parque sí, en Chamberí y El Organillo consideran que se podría haber incurrido en "graves irregularidades, incluso penales·, por parte del Canal de Isabel II. Por ello han solicitado al presidente del organismo, Salvador Victoria, el cierre de la actividad y la anulación de la adjudicación.
Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 9 de mayo, el Canal de Isabel II Gestión S.A (CYII) ha renovado los servicios de gestión y explotación de las instalaciones deportivas sobre el tercer depósito sustituyendo a la empresa Green Canal Golf por Proingest Management Asociados SL.
En respuesta a los recursos interpuestos por El Organillo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en enero de 2010 el acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid que declaró el proyecto de interés general. Aunque la Comunidad recurrió dicha sentencia, el Tribunal Supremo la ratificó mediante sentencia firme el 12 de diciembre de 2012.
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