Casi 2.000 personas sufrieron "barreras" para acceder a sanidad madrileña en 2025, sobre todo por el empadronamiento

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.965 personas sufrieron 5.412 "barreras" de acceso a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid en 2025, principalmente vinculadas a la falta de empadronamiento y a los retrasos en las unidades de tramitación.

Así se desprende del II Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en Poblaciones Vulnerabilizadas que ha presentado este martes la Red Madrileña de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), elaborado con Hogar Sí, Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), entre otros.

Según el estudio, una barrera es toda situación que "dificulta o impide" el acceso "normalizado" a la atención sanitaria como consecuencia de la acción u omisión de "los poderes públicos en su deber de garantizar el derecho de la salud".

Médicos del Mundo ha documentado que cada persona ha confrontado de media 2,75 barreras, como la falta de empadronamiento, que es esencial para acceder a la asistencia sanitaria pública, requiriendo un pasaporte válido y prueba de domicilio.

"Muchas personas migrantes tienen dificultades para cumplir estos requisitos por la falta de documentación o vivienda adecuada, a menudo viviendo en situación de hacinamiento, sin contratos de alquiler a su nombre o acceso a servicios básicos formalizados, lo que les impide ofrecer pruebas de residencia necesarias", indica el estudio.

Las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en muchas ocasiones tienen problemas con su documentación, ya sea porque "no tengan pasaporte de su país de origen por salir huyendo o se lo hayan robado debido a su vida en situación de calle".

"Son situaciones en las que se encuentran personas muy vulnerables con las que trabajamos y que ven negado su derecho a la asistencia sanitaria por no disponer de documentación. Desde la Comunidad de Madrid no existen herramientas ni alternativas para las personas que se encuentran en esta situación", lamenta la asociación.

Asimismo, hay otras barreras, como las económicas, donde las personas no pueden acceder a la atención sanitaria o al tratamiento correspondiente por conllevar un gasto monetario que no pueden asumir. También ha detectado barreras físicas, en las que muchas personas no pueden acceder por no contar con un centro sanitario de referencia a una "distancia asumible" de su lugar de residencia o por la existencia de horarios de atención restringidos.

Otras barreras son las culturales, cuando el sistema sanitario "no es sensible" a las necesidades y percepciones que sobre la salud pueden tener las distintas personas por su origen sociocultural, y las informativas, donde no se proporciona a las personas información "necesaria y comprensible" que les permita acceder a la atención sanitaria, así como a los tratamientos prescritos.

UNA FRACCIÓN DE LA REALIDAD

El portavoz de Médicos del Mundo, Damián Kirchhoffer, ha explicado a los medios de comunicación que esas casi 2.000 personas afectadas "son solamente una fracción de la población total que se ve afectada" ya que su programa solamente está presente en cinco barrios de la ciudad de Madrid, sobre todo en los comedores sociales.

"Hay muchas más personas que se ven afectadas por estos problemas en Puente de Vallecas, Usera, Carabachel y en pequeños pueblos alrededor de la capital. Dos tercios de las personas que vemos son mujeres. Más del 80% de las personas que vemos son de Latinoamérica y el 10% es de África", ha alertado.

También ha señalado que en la región solo hay siete unidades para la gestión del acceso sanitario de personas extranjeras en situación irregular. Sin embargo, ha alertado de que los tiempos de espera son "larguísimos" que a veces afectan a mujeres embarazadas que necesitan una "atención inmediata".

En esta línea, Daniel García, que participa en la Asociación Madreña de Medicina de Familia de Madrid y trabaja en un centro de salud en Puente Vallecas, ha detallado que muchas personas se quedan fuera del sistema sanitario por "la política de la Comunidad de Madrid de dificultar el acceso con la bandera de evitar el turismo sanitario".

"Esto ha dificultado mucho, incluso a veces no se plantean el acudir al centro de salud por miedo a ser rechazadas o por no conocer bien los mecanismos. Hay mucha falta de información de cara a la gente, sobre todo, se ha cultivado un discurso de que las personas migrantes en situaciones irregular nunca van a tener acceso al sistema", ha censurado.

RECLAMACIONES

Ante esta situación, EAPN ha reclamado a la Consejería de Sanidad revertir las medidas "regresivas" adoptadas en los últimos años y que han supuesto "una vulneración en el acceso al derecho a la salud de la población migrante".

Asimismo, ha pedido no emitir las facturas sanitarias a las personas que acuden a los centros sanitarios, paralizar los expedientes iniciados y cerrar las unidades de tramitación para "volver a realizar la gestión de acceso al sistema público de salud desde los centros de salud, evitando las esperas y la segregación".

Considera que es necesario dejar de utilizar el empadronamiento como requisito de acceso al sistema público de salud, así como informar "debidamente" que las profesionales de trabajo social de los centros sanitarios pueden emitir informes para probar la residencia, facilitando la cita con ellas a las personas que la necesiten.

Por otro lado, ha pedido aplicar la Resolución 16/2023 de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a menores, mujeres embarazadas, y enfermedades de declaración obligatoria.

También ha reclamado dotar de Tarjeta Sanitaria individual a toda la población, independientemente de su situación administrativa, "garantizando que las personas migrantes y refugiadas sean consideradas ciudadanas de pleno derecho para acceder al sistema público de salud".

Finalmente, ha solicitado formación a profesionales de los centros de salud, incidiendo especialmente en los equipos de administración, sobre asistencia sanitaria universal desde un enfoque de Derechos Humanos, así como campañas de información sobre acceso al sistema público de salud dirigida a la población migrante.