Casi 48.500 plazas en residencias son de gestión privada frente a 6.846 públicas, alertan CCOO, UGT y Pladigmare

Piden más recursos humanos para evitar una "sobrecarga de trabajo excesiva", que provoca situaciones "inadmisibles" en los cuidados

Archivo - Varias personas con carteles durante una manifestación en defensa de los servicios públicos, a 23 de marzo de 2025, en Madrid (España). La manifestación está convocada bajo el lema ‘Sevicios 100% Públicos de Gestión Directa’ por Tsunami por los
Archivo - Varias personas con carteles durante una manifestación en defensa de los servicios públicos, a 23 de marzo de 2025, en Madrid (España). La manifestación está convocada bajo el lema ‘Sevicios 100% Públicos de Gestión Directa’ por Tsunami por los - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 24 febrero 2026 18:02

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cuenta con 48.462 plazas de gestión privada distribuidas en 472 residencias frente a 6.846 públicas en 34 centros, según un estudio publicado este martes por los sindicatos CC.OO y UGT y la asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare).

El estudio apunta a que el Gobierno regional debe afrontar el reto de adaptar sus políticas y servicios a las "necesidades de una población mayor cada vez más numerosa". En 2023, había 1.266.538 personas mayores de 65 años. Entre este grupo, 264.000 madrileños tienen 80 años o más, lo que refleja el fenómeno del envejecimiento demográfico en la región.

Desde el año 2020, se han autorizado 31 residencias, todas ellas privadas. Concretamente, el 93,28% de las residencias son gestionadas por empresas privadas, frente al 6,72% que es público. También lamenta que los trabajadores de las residencias, un sector altamente feminizado, enfrentan condiciones laborales "difíciles", con "escasos" beneficios adicionales y salarios "rondando los 1.000 euros para una jornada laboral completa".

Las plantillas, que cuentan con un 85% de trabajadoras, también están "altamente envejecidas", ya que la mayoría tiene más de 45 años y el 8% más de 60 años, por lo que el informe invita a realizar una intervención "urgente".

"Abordar estos problemas no solo mejorará la calidad de vida de las trabajadoras, sino que también garantizará una mejor atención para los residentes, beneficiando a toda la región. Es necesario un cambio radical en la gestión del sector, con una mayor inversión en recursos humanos, una mejora de las condiciones laborales y un reconocimiento social del valor del trabajo que realizan las trabajadoras", insiste.

INESTABILIDAD LABORAL

Por otro lado, advierte de que la formación y la capacitación continua en este sector son "muy limitadas", lo que "dificulta" el desarrollo profesional y la mejora de las habilidades necesarias para proporcionar una "atención de calidad".

"Existe una elevada contratación a jornada parcial que genera inestabilidad laboral y afecta la calidad de vida de las trabajadoras, impactando directamente en la remuneración que perciben. Esto las obliga al pluriempleo para cubrir sus necesidades económicas más básicas", asegura.

La suma de estas condiciones, junto con la "falta de reconocimiento social", las "largas" jornadas y el "estrés asociado a los cuidados" hace que el sector de dependencia sea "poco atractivo", en comparación con otros sectores, por lo que es "imposible" atraer y retener talento.

"La insuficiencia de recursos humanos genera una sobrecarga de trabajo excesiva y provoca situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores, como úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, uso de sujeciones de todo tipo para suplir su falta, entre otros", recuerda.

PROPUESTAS

Según sus datos, la ratio total de plantilla equivalente que debe haber para garantizar la presencia física diaria de 0,83 gerocultoras en las residencias de la Comunidad de Madrid debería ser de 1,32 (0,57 de mañana, 0,53 de tarde y 0,22 de noche).

Entre sus propuestas, los sindicatos y la asociación reclaman que al menos el 80% de los empleos deben ser indefinidos y a jornada completa. Las jornadas parciales, como mínimo, deberían rondar por el 66% de la jornada ordinaria.

Por otro lado, exigen formación "permanente y adecuada" para todas las categorías, el cumplimiento de las medidas preventivas seguridad y salud en el trabajo en particular el uso de ayudas técnicas, la vigilancia de la calidad asistencial, con inspecciones sin preaviso y sanciones ejemplares, que se hagan públicas.

También solicitan que el criterio económico no sea determinante para la adjudicación, la participación de las personas trabajadoras y las familias en la elaboración de los protocolos, coordinación sociosanitaria con el sistema de salud y calidad en los menús, como dieta sana y equilibrada, variada, alimentos de temporada, individualizados y adecuados a las prescripciones médicas específicas.

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