El 'caso mascarillas' llega a 2023 con el foco bajo Luceño y lejos de Almeida tras la estafa millonaria al Ayuntamiento

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles fue golpeado este 2022 por el 'caso mascarillas' una vez se hizo pública la presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia.

Luis Medina y Alberto Luceño, intermediaron en la compraventa de material sanitario al Consistorio de la ciudad en la peor etapa de la pandemia y ganaron comisiones por valor de 6 millones de euros. La investigación se centró en los primeros meses en la posible conexión del hijo de Naty Abascal con un primo del alcalde para acceder al Ayuntamiento de Madrid, pero el foco ha acabado sobre los negocios de Alberto Luceño.

Anticorrupción interpuso días después una querella por delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, recayendo el asunto sobre el juez Adolfo Carretero. El magistrado abrió en abril diligencias para investigar la posible conexión de estos dos comisionistas con un primo del primer edil, Carlos Martínez-Almeida, para acceder al Consistorio.

La funeraria municipal pagó por la operación unos 11 millones de euros. Luis Medina se embolsó 912.742 euros en concepto de comisión, mientras que Luceño elevó el cobro a unos 5 millones por tres contratos de venta de mascarillas y guantes.

Tras meses de pesquisas judiciales, el magistrado descartó investigar a Carlos Martínez-Almeida y a la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, al no concurrir indicios de una actividad delictiva por su parte, así como realizar una investigación retrospectiva sobre el Consistorio.

Carlos Martínez-Almeida fue quien facilitó al hijo menor de Naty Abascal el correo genérico con el que contactar con Cibeles. Tal y como declaró él mismo ante el juez, su intervención se limitó a facilitar al investigado un correo que le dio la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García. Señaló que en ningún momento habló con el regidor sobre el interés de Medina en ofrecer material sanitario pero admitió que contactó con la coordinadora general de la Alcaldía por su relación de amistad desde hace 15 años para obtener un correo al que pudiera dirigirse.

ALMEIDA Y EL 'CASO MASCARILLAS'

Cuando la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estaba cada vez más diluida, Martínez-Almeida tuvo que volver a dar explicaciones ante los madrileños en una rueda de prensa que terminaría siendo analizada en cada gesto y afirmación.

Desde ese día, 7 de abril, el regidor repitió de forma incansable que el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno municipal fueron "estafados" y "perjudicados" en unos contratos que suscribieron todos los grupos municipales.

Así lo transmitió durante toda la Semana Santa, cuatro días festivos en los que se iban conociendo más detalles sobre esta presunta estafa, como el "pa la saca" que escribía Luceño a Medina en un correo electrónico sobre los contratos que habían cerrado.

También aportó Almeida los mismos detalles en el pleno extraordinario donde tuvo que comparecer a instancias de la oposición. Allí explicó que la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento se guió a la hora de elaborar el contrato de material sanitario en la pandemia por la "calidad del material" y la "rapidez" con la que este llegaría a la capital.

Su defensa de Collado y de la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, fue férrea. Después de que el juez Carretero rechazara imputarlas, Almeida insistió en que "siempre" se mantuvo la misma versión, "que el Ayuntamiento fue estafado".

Sobre los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, a quien Almeida llegó a calificar de "personajes", aseveró que "en ningún momento se les pagó un solo euro", sino a que "todas las cantidades fueron pagadas a la empresa Leno".

PIEZA SOBRE LUCEÑO

La investigación dio un giro el pasado septiembre cuando el juez abrió una pieza separada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que eran agentes exclusivos de la empresa malaya.

En los últimos meses, Carretero se ha centrado en averiguar quién es Lin Shin, cuyo nombre aparece en la documentación aportada en la que constaba el reparto de comisiones y que se cree era ficticio. En un escrito, Luceño señaló que "probablemente fue algún proveedor que en los momentos iniciales de la operación pareciera que iba a participar, sin llegar a hacerlo finalmente".

También se ha investigado a instancias de Más Madrid la compra de los productos sanitarios objeto de la investigación y las gestiones realizadas para la comprobación del material que se adquirió por más de 11 millones de euros.

OTRA ESTAFA DE MASCARILLAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios se personaban como acusación particular en la causa en la que se investiga una presunta estafa de un proveedor de Estados Unidos en la venta de un lote de medio millón de mascarillas defectuosas por 2,5 millones de euros.

La supuesta estafa se denunció por parte del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal de Madrid. El caso se archivó pero Más Madrid solicitó su reapertura.

La causa se dirige contra la empresa Sinclair & Wilde y su reapertura se produce como consecuencia del informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.

En abril, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.

Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.

El sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, "incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos".