MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC.OO. y UGT han criticado este martes la creación de una nueva Dirección General de Seguridad en Metro de Madrid al entender que su titular, Bruno Fernández Díez, percibirá, según estiman, cantidades superiores a los 100.000 euros anuales cuando la compañía está actualmente inmersa en un proceso de reducción de gasto.
Así lo han indicado a Europa Press los portavoces de UGT y CC.OO., Teodoro Piñuelas e Ignacio Arribas respectivamente, para indicar que, en base a la escala retributiva de alta dirección en el metropolitano, el nuevo alto cargo tendrá un salario mínimo entre 100.000 y 120.000 euros.
Piñuelas se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que Metro decida "cargar aún más" el organigrama de la compañía "cuando se están pidiendo precisamente sacrificios a los trabajadores y usuarios". Aparte, ha asegurado que los representantes sindicales desconocen los motivos de este nombramiento y que pedirán explicaciones para averiguar las razones.
Al respecto, el portavoz de UGT ha indicado que debe aclararse si esta designación se debe "más a favores externos que a necesidades internas" de la compañía, ante las informaciones que apuntan a que se trata del hermano del actual jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez.
Por otro lado, Arribas ha afirmado que esta nueva dirección incrementa la masa salarial de Metro cuando la empresa está "pidiendo sacrificios" a los trabajadores, como muestra la propuesta de reducción del 10 por ciento para evitar 720 despidos en el suburbano en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.
El también secretario del Comité de Empresa ha reprochado que se autorice nuevo cargo de libre designación cuando no se ha creado ningún nuevo puesto de trabajo en el suburbano, tanto en el área de conductores, personal de vestíbulo como técnicos. De hecho, así lo han transmitido los sindicatos a la compañía en la Comisión Negociadora del nuevo convenio colectivo.
Por otro lado, el portavoz de CC.OO también ha aprovechado para criticar la política llevada a cabo por la antigua subdirección de Seguridad y Protección Civil, que a su juicio ha creado una "especie de estado policial" con la restricción de acceso a determinadas áreas de trabajo a representantes sindicales.