MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El comisario general de Información de la Policía Nacional, Enrique Barón, el juez Agustín Carretero y la policía nacional y exasesora del exconsejero Francisco Granados Belén Espartero declararán este viernes a las 10 horas por el caso del espionaje en el PP de Madrid en una nueva sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid.
Barón fue director de Seguridad de la Comunidad de Madrid en sustitución de Sergio Gamón. Ambos fueron citados en repetidas ocasiones en la sesión del 4 de marzo por los comparecientes José Manuel Pinto, técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad; y por los guardias civiles exasesores de Granados José Oreja y Antonio Coronado.
Oreja fue el más claro al respecto. Señaló que fue Gamón quien, después de negarse a los seguimientos a cargos del PP como Alfredo Prada o Manuel Cobo, "preconstituyeron las pruebas contra ellos", obligándoles a que fueran a determinados lugares y que así quedar reflejado en los posicionamientos de sus móviles. También acusó a Barón de ser el que luego "filtrara el tema a la prensa", al tiempo que señaló que del que realmente dependía era de Ignacio González y no de Granados.
"Con la llegada de Enrique Barón, la Dirección General alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas. Y hay un rastro evidente de esto en multitud de ocasiones", declaró.
Tampoco fueron templadas las palabras de los tres comparecientes sobre el juez Agustín Carretero, por aquel momento gerente de la Academia de la Policía Local de la Comunidad de Madrid y luego ascendido a director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
El juez es hermano del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien el director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, le acusó también en comisión de ser "Hitler en pequeño" y de ser uno de los instrumentos del expresidente regional, Ignacio González, para "presionarle de todas las formas posibles", por negarse a investigar a una "lista de enemigos" del PP que le facilitó como posibles autores de un informe contra su persona.
Por otro lado, José Manuel Pinto declaró en comisión que mantuvo una reunión en la que acudió Agustín Carretero e intuyó que éste lo que quería era que no declarara en el juicio. "Es un hecho grave que un juez intente que mi abogado me diga que no declare. Fue un hecho que me resultó traumático", dijo. También negó que intentaran darle un trabajo de instructor en la Academia si colaboraba en los supuestos espionajes.
Por otra parte, hoy declarará además la exasesora de Granados Belén Espartero. Aunque tanto el técnico de Seguridad como los guardias civiles indicaron que no sabían qué hicieron los exasesores policías, Oreja sí manifestó que tanto a Espartero como a José Manuel Rodríguez "se permitieron el lujo de irse de vacaciones y desaparecieron más de tres años con medios de la propia Dirección de Seguridad como coche y teléfonos".
De hecho, el exasesor Rodríguez también estaba llamado a comparecer este viernes. Se le envió un burofax a la comisaría de Policía en Málaga en la que trabaja pero el requerimiento no ha sido recepcionado.
YOLANDA LAVIANA SIGUE SIN APARECER
Por otro lado, la presidenta de la comisión de investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, Dolores González Pastor, informó esta semana que ha pedido ayuda a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, para localizar a Yolanda Laviana, la exsecretaria de Esperanza Aguirre y exmujer del exdirector regional de Seguridad Sergio Gamón, para que así pueda declarar en el Parlamento regional sobre el caso del espionaje.
Laviana fue citada en la anterior sesión pero tampoco compareció. Ahora, le entregaron un nuevo requerimiento, pero no ha sido recepcionado, por lo que no ha sido posible localizarle en su domicilio habitual.
"Hemos pedido la localización del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque el juzgado cuando fue a declarar se la localizó en una dirección de este municipio, pero el Ayuntamiento nos ha comunicado que no está allí empadronada", destacó González Pastor en los pasillos de la Asamblea.
Por tanto, siguiendo la normativa en estos casos, ha elevado a la presidenta de la Asamblea un escrito de petición de colaboración entre Administraciones, para que se vuelva a activar la vía de Delegación del Gobierno y también que acudan al Juzgado para la misma petición. El pasado 18 de marzo Laviana acudió a un Juzgado de Plaza de Castilla pero se acogió a su derecho a no declarar.
La importancia de su declaración versa en que tras separarse de Gamón, Laviana concedió una entrevista al diario 'El País' en la que le acusó de informar al entonces vicepresidente primero, Ignacio González, de espionajes que presuntamente habrían hecho él y otro subordinados.
AMPARO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN
Por otro lado, la presidenta de la comisión se quejó de que últimamente están recurriendo a solicitudes de amparo de peticiones de información realizadas, sobre todo con el caso Arpegio, algunas porque no se han entregado en fecha y otras porque les han llegado "incompletas, con items que no figuran y son inexactas".
De hecho, el último amparo a la Comunidad de Madrid por recibir información incompleta fue este martes, tras recibir la comisión una información sobre el contrato con falta de datos relevantes sobre la empresa Dusa, que fue contratada por Arpegio para externalizar labores de consultoría y gestión.
"El Gobierno nos remitió expedientes con contratos, pliegos y con documentación variada pero falta el acta de la Mesa de Contratación. Hemos vuelto a requerir el Gobierno que nos la envíe con estos datos", apuntó.
No obstante, González Pastor afirmó que en lo que llevamos de legislatura ha tramitado más de 175 peticiones de información. "Con las fechas no ha habido grandes problemas, pero los grupos se están encontrado ahora que la información solicitada que les llega es incompleta e inexplicablemente no están papeles que deberían estar con el caso Arpegio", finalizó.
