La Comisión de Educación saca adelante el proyecto de ley de autoridad con la oposición de PSOE e IU

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid sacó adelante hoy el dictamen sobre el proyecto de ley de Autoridad Pública del Profesorado en la Comunidad de Madrid con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular, que calificó el texto de "acierto", y el rechazo de la Oposición (Grupo Parlamentario de PSOE e IU), que tildaron la futura normativa de "descafeinada" y "ley placebo".

Después de que la Comisión haya elaborado un informe con el análisis de la futura normativa, de la que se verán beneficiados en torno a unos 75.000 profesores (más de 67.000 docentes de la pública y la concertada junto con los casi 9.000 que hay en la enseñanza privada), el proyecto de ley pasará al Pleno de la Asamblea del próximo 10 de junio, para su posterior aprobación.

Se trata de uno de los anuncios "estrella" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que dio a conocer esta medida en el último debate sobre el estado de la región, celebrado el pasado mes de septiembre, y que coincidió, precisamente, con el caso de un padre que intentó agredir e insultó a un profesor y a la directora de un centro escolar de Vallecas.

La polémica llegó en el mismo momento en que se produjo el anuncio, dirigido en un principio sólo a profesores de centros públicos, pues desde la oposición y el propio Ministerio de Educación, que avalaban el refuerzo de la figura del docente, recordaron que la autoridad pública era un concepto que ya estaba recogido en el Código Penal y que la Fiscalía aplicaba.

El nuevo texto, sin apenas modificaciones más allá de las "correcciones técnicas y gramaticales" sigue contemplando, como uno de los puntos fuertes, la condición de autoridad pública de los directores, miembros del equipo directivo y profesores, que gozarán de la "protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico", según reza el texto, recogido por Europa Press.

Asimismo, en el ejercicio de sus competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores "gozan de presunción de veracidad" cuando se formalicen por escrito en un documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente. Además, contarán con asistencia jurídica así como con la cobertura de su responsabilidad civil.

La oposición ha hecho hincapié en la necesidad de haber contemplado más de cerca el concepto de convivencia, puntos que continúan igual, pues seguirá siendo cada centro el que elabore sus normas de organización y funcionamiento, entre las que habrá de figurar este plan de convivencia.

Además, podrán ser objeto de medidas disciplinarias las conductas contrarias a las normas de convivencia que sean ralizadas por los alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar, "en los términos previstos en el Decreto que establezca el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad".

Tal y como pedía el PSOE, las medidas correctoras aplicadas "deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de la falta cometida, deben poseer un valor añadido de carácter educativo y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)