MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unas 50 personas se han concentrado este viernes a las puertas del IES Maestro Matías Bravo, en apoyo al director del centro, Javier Lizasoain, que fue sancionado con 10 días de empleo y sueldo por permitir una protesta con retretes contra los recortes educativos en el patio del centro.
FETE UGT ha señalado que, precisamente, Lizasosain debería cumplir su sanción a partir de este viernes y aunque va a presentar las alegaciones oportunas, desde el sindicato han indicado que "le dejaron muy claro que cualquiera de sus actuaciones no paralizaba el proceso sancionador".
"Es decir, que no había posibilidad alguna de que se suspendiera cautelarmente la sanción y que, en tal caso, si en el futuro se dictaminara como algo ilegal podría ser recompensado económicamente", han añadido.
Por eso, algunos compañeros del instituto han decidido hacer un acto de protesta en la puerta del centro, situado en Avenida del Mar Egeo, a mediodía, durante unos minutos, donde se ha leído un comunicado en apoyo al director, que no ha estado presente porque se quiere evitar que le vinculen con el acto en sí.
RETRETES EN EL PATIO
En concreto, Javier Lizasoaín ha sido suspendido de sus funciones durante diez días por haber permitido la colocación de una decena de retretes en el patio del centro con carteles "con alusiones despectivas, visibles desde el exterior, contra la política educativa del Gobierno regional", según se recoge en el informe del Servicio de inspección educativa.
Este documento también advierte de la instalación en el Instituto de pancartas y carteles alusivos a recortes educativos y un escrito firmado por el propio Lizasoaín, situado en la valla exterior del centro, en el que realizaba "falsas valoraciones" sobre las instrucciones de inicio de curso dictadas por la Comunidad.
Con estos hechos, la Consejería de Educación, que le abrió expediente disciplinario en octubre de 2011, considera que este director ha incurrido en dos faltas graves tipificadas en el reglamento disciplinario de los funcionarios de Administración del Estado por "abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo".
Asimismo, se le acusa de "haber utilizado su puesto para hacer públicas sus opiniones personales, sin ajustarse a los deberes de objetividad del Estatuto básico del empleado público", y de "haber permitido el uso de los espacios del centro educativo para fines no relacionados directamente con la prestación del servicio público de la educación".